USCA, que había anunciado que podía “recrudecer” el conflicto, convocó 4 jornadas de paros parciales en junio (los días 8, 10, 12 y 14) y otras tantas en julio (11, 12, 25 y 26) para pedir el archivo de las 61 sanciones impuestas en el centro de control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010 y la readmisión del controlador despedido en Santiago.

Según el sindicato, “desde la convocatoria de las protestas, Enaire ha demostrado su falta de voluntad para llegar a un acuerdo negociado, su falta de responsabilidad para resolver el conflicto y su desinterés por los perjuicios que los paros puedan causar en los usuarios del transporte aéreo”.

Además, critica el “inmovilismo” del Ministerio de Fomento, a pesar de que Enaire y el departamento dirigido por Ana Pastor aseguran que "se mantiene el diálogo abierto y permanente con los controladores para evitar nuevos paros".

De hecho, asegura que la última reunión celebrada entre Enaire y USCA el pasado 23 de julio se realizó por petición expresa del sindicato ante el silencio de la empresa, que no había contactado con los controladores desde que concluyeron los paros del 11 y 12 de julio.

“Ante esta situación, USCA consciente de la importancia del tráfico aéreo en el turismo, motor de la reactivación de la economía española, y para evitar molestias a los pasajeros en plena temporada estival, ha decidido suspender temporalmente la acción sindical, sobre cuya reanudación decidirá en el mes de septiembre para conseguir sus legítimas reivindicaciones”, explica en el comunicado.

Por último, denuncia que “Enaire y Fomento han vulnerado el derecho fundamental a la huelga del colectivo con la imposición de un 70% de servicios mínimos en los paros de junio, que se elevaron hasta el 80% en la huelga convocada para julio”, servicios mínimos que han sido impugnados por el sindicato.

Para USCA, esto supone una discriminación respecto a otros trabajadores de servicios esenciales en España y respecto al colectivo de controladores de otros países de la Unión Europea.