Sanz ha presentado las peticiones después de los dos últimos incidentes que han afectado a civiles, uno de los cuales resultó herido de bala mientras paseaba fuera del perímetro de seguridad del polígono.

En una proposición no de ley, el diputado pide al Gobierno que desestime la prórroga del contrato de arrendamiento del terreno que permite destinarlo a usos militares y cierre el campo de instrucción y adiestramiento aéreo.

Álvaro Sanz ha pedido la comparecencia del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Javier García Arnaiz, para que explique las circunstancias en las que se han producido este año, en marzo y en julio, los dos accidentes en los que se han visto afectados civiles que se encontraban fuera del perímetro de seguridad, y para que exponga las medidas que piensa tomar para que no se repitan hechos similares mientras la instalación esté operativa.

En la iniciativa, Sanz recuerda que desde 1979, cuando se celebró la primera gran movilización social para pedir el desmantelamiento del polígono, han sido "innumerables" las iniciativas de todo tipo para exigir su cierre, fundamentalmente por motivos de seguridad.

Los dos incidentes más recientes, subraya, se suman a la "larga lista" de los que se han registrado fuera de las instalaciones, más de treinta, que incluyen aviones estrellados, bombas perdidas y explosiones fuera del área de entrenamiento.

Todos esos hechos demuestran "los riesgos evidentes" que esa instalación comporta para los vecinos y visitantes de la zona, y también para el medio ambiente, y más teniendo en cuenta que el polígono sirve de base de pruebas de operaciones de la OTAN, "que se están incrementando peligrosamente".

Las Bardenas Reales, explica el diputado, es un paraje natural semidesértico situado al sur de Navarra. Sus 42.500 hectáreas contienen una riqueza biológica excepcional, protegida como Parque Natural y como Reserva Mundial de la Biosfera, pese a lo cual alberga desde 1951 el único polígono de tiro del Ejército del Aire y el mayor de la OTAN en Europa, con 2.244 hectáreas.

La instalación comparte vecindad con 19 municipios, entre ellos Tudela, de más de 30.000 habitantes, y con la comarca zaragozana de Cinco Villas, afectada también por esos riesgos.

Dentro de dos años se tiene que proceder a revisar la vigencia del contrato de arrendamiento que posibilita ese uso, dice en el texto, por lo que es el momento de garantizar con tiempo el desmantelamiento de la instalación.