Alonso hizo estas declaraciones a la prensa tras el debate de las enmiendas introducidas en el Senado a la normativa relativa a la protección de la infancia y la adolescencia, que según el ministro regula la atención de los niños en desamparo “de una manera más eficaz, favorece la adopción y que los niños puedan tener siempre una solución de acogimiento familiar o de adopción”. “Estoy muy contento”, añadió el ministro, que calificó esta legislación de “vanguardista”.

“A este niño, quizás con la legislación que teníamos, con las trabas, con la necesidad de consentimiento de la madre, no le podríamos dar una solución tan rápida”, insistió.

La nueva legislación, que modifica otras 20 leyes vigentes, ha sido tramitada por vía ordinaria y orgánica en el Parlamento, pues toca varios derechos fundamentales. Así parte de ella fue aprobada por el Senado hace una semana al no tener que ser aprobada por el Congreso.

El conjunto de la reforma impulsará la creación de un registro de delincuentes sexuales para que no puedan trabajar con menores; modifica el concepto de desamparo, que no podrá producirse por causa de pobreza o discapacidad, y contempla la lucha contra la violencia como eje transversal, por lo que impedirá que una persona que ha matado a su pareja por un delito de violencia de género reciba la pensión de viudedad.

Tras su aprobación en el Congreso la normativa entrá en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

CONSENSO

Minutos antes, Alonso había presumido de consenso para dar lugar a esta legislación, como también hizo la diputada del PP Macarena Montesinos, que comenzó su intervención agradeciendo las aportaciones que han hecho las entidades sociales del Tercer Sector, los académicos, los directores generales de las comunidades autónomas y “de todos los grupos parlamentarios”, a pesar de las “diferencias”. Todo ello, dijo, se traduce en las 150 enmiendas y 40 transaccionadas aceptadas en el Congreso, a las que hay que sumar otras 34 y 11, respectivamente, añadidas en el trámite en el Senado.

“Gracias a estas reformas los niños y niñas van a tener más oportunidades de su futuro mañana”, agregó Montesinos, que defendió las políticas de Rajoy en materia de pobreza infantil: “No es cierto que el Gobierno haya mirado para otro lado en el tema de pobreza infantil, todo lo contrario”. “Este Gobierno se arremangó”, apostilló.

La diputada concretó que la nueva legislación incorpora recomendaciones internacionales como el interés superior del menor e impide que los maltratadores que hayan matado a su pareja reciban pensiones de viudedad. Asimismo, destacó que las prestaciones por dependencia no se podrán embargar.

“Hoy es un gran día para los niños, las niñas, los adolescentes, la infancia en general y todos los que trabajan con ellos y todos los que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado”, añadió Montesinos entre aplausos de sus compañeros.

POLÍTICAS NATALISTAS

No todos los diputados compartieron ese clima de aceptación, como Emilio Olabarría, del Grupo Vasco, que recriminó al Gobierno que “la ausencia de políticas natalistas están produciendo un problema” en el sistema de protección social y que medidas como conceder pensiones a las jubiladas no contribuyen a solucionarlo.

No obstante, aplaudió las modificaciones al texto que se han producido en su trámite parlamentario a propuesta de los diversos grupos relativas a aspectos como que los maltratadores no reciban pensiones de viudedad y que se impulse la creación de un registro central de delincuentes sexuales, aunque en su opinión, éste “no debería ser incompatible” con los ya existentes en las comunidades autónomas.

En representación de la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya se refirió a varios aspectos que incluye la normativa, como dar prioridad al acogimiento familiar sobre el residencial, los derechos de los niños con discapacidad, medidas para garantizar los datos de los menores y su derecho a conocer sus orígenes biológicos y preservar el interés de los menores para que no se pueda embargar la pensión de dependencia.

Sin embargo, Pérez Moya acusó al Ejecutivo de “pecar de ingenuidad” o de “creer desde el principio” que la ley no podrá aplicarse, porque no tiene asignación de presupuesto. “Está claro que este proyecto de ley conlleva un incremento del gasto”, que “contrasta con la dotación a la infancia y las familias en los Presupuestos Generales del Estado que se han visto reducidas a la mitad desde 2011”, agregó.

Carles Campuzano, de CiU, confirmó el voto negativo al texto, si bien reconoció “el esfuerzo” del PP en intentar el consenso, aunque no se han aceptado enmiendas del grupo catalán. Aunque el diputado reconoció que la normativa contiene ciertos avances, como “el reforzamiento de la lucha contra la violencia de género”, subrayó que en el trámite del Senado “se ha empeorado” el tratamiento que se da a la adopción internacional, pues, en su opinión, el Estado entra en competencias autonómicas.

Las políticas del PP, agregó, “liquidan el modelo catalán de adopciones internacionales”, según Campuzano, “de éxito” y que “ha funcionado”, sin que el Gobierno haya alegado “ninguna razón” que los catalanes puedan entender. “Estamos ante una reforma constitucional a través de este proyecto de ley”, añadió, para concluir que la norma “no aborda el principal problema que tenemos en materia de infancia, que es la pobreza”, algo que según el parlamentario catalán debería ser “una prioridad de Estado”.

Finalmente, la representante de UPyD, Rosa Díez, que puso en alerta de un error en el texto que el Grupo Popular prometió corregir, calificó de “necesaria” la norma durante su breve intervención.