En su intervención, Morenés remarcó que la misión fundamental de la operación militar es “interrumpir el ‘modelo de negocio’ de las redes de tráfico ilícito y trata de personas, mediante procedimientos sistemáticos para identificar, capturar y eliminar embarcaciones y medios utilizados o a disposición de los traficantes”.

El ministro, como ya aprobara el pasado viernes el Consejo de Ministros, dijo que está prevista la participación durante un año de un máximo de 12 militares del Ejercito del Aire y de la Armada en el Cuartel General activado en Roma y en el Cuartel General de la Fuerza embarcado establecido en el portaaviones italiano "Cavour".

Además, se desplegará inicialmente un avión de vigilancia marítima y sus unidades de apoyo. Este avión operará desde la base italiana en Sigonella (Sicilia). El contingente para esta contribución será de un máximo de 50 efectivos.

Apuntó que dependiendo de la evolución de la situación y el posible avance a las sucesivas fases de la Operación, la participación española podría incluir la contribución con medios marítimos, de apoyo o aéreos hasta un máximo de 250 efectivos. Este número, detalló, sólo se alcanzaría si se decidiese desplegar un buque de tipo fragata.

El ministro de Defensa repasó que sólo en 2014, los migrantes ahogados en estas aguas de los que se tiene conocimiento alcanzaron la cifra de 3.500. En ese mismo año, 170.000 personas tuvieron que ser rescatadas por los distintos servicios aeronavales involucrados. En lo que va de 2015, los fallecidos son casi 1.500.

Morenés señaló que estas personas huyen de sus países “donde vivir con dignidad se hace extremadamente difícil”. Esta situación que “no sólo amenaza su vida y les impide tener un futuro, sino que directa e indirectamente constituye uno de los principales riesgos para nuestra seguridad y para la paz mundial”.

En su intervención, Morenés recordó que es la octava vez que comparecen para solicitar autorización para la participación de militares españoles en misiones en el exterior, “todas ellas con el objetivo común de aportar seguridad, una estabilidad que les permita desarrollar progreso y bienestar a aquellos que no los tienen”.

Y apuntó que “de esas siete solicitudes anteriores, al menos seis tratan de afrontar circunstancias directamente relacionadas con las causas profundas de la misión” EUNAVFOR MED, la cual indicó que supone la “respuesta global que la Unión Europea ha decidido dar a la dramática situación humanitaria que se vive en el mediterráneo central”.

Aunque reconoció que es consciente de que hay “un problema mayor subyacente” al que no hacen frente con esta misión, pero sí que con ella evitan que “el problema se convierta en endémico”. Pero “debemos ayudar a paliar esta tragedia de manera inmediata”, afirmó Morenés.

El titular de Defensa indica que la situación en el Mediterráneo “se ha agravado” por la situación “insostenible” de Libia. Puntualiza que desde el mes de julio de 2011, “la situación ha ido empeorando paulatinamente”. Además, añade que “el país sufre una profunda crisis política y de seguridad cuya complejidad se acentúa con la creciente presencia de grupos afiliados al Daesh”.

Ante esta situación, indicó que la ruta del Mediterráneo central se ha convertido en la “más utilizada” para el tráfico ilegal de migrantes hacia Europa y de ahí que el objetivo de la misión es “luchar contra los modos y formas” de acción de las mafias que trafican con seres humanos, y cuya “prioridad inmediata es evitar que muera más gente en la mar”.

A este respecto, denunció el ministro que es “penoso” comprobar cómo la Unión Europea consume una “importante cantidad de tiempo” en su acción política hasta que “consiguen reaccionar”.

TRES FASES

El ministro detalló que la misión europea contará con tres fases “bien diferenciadas”: La primera, que “por el momento es la única que se puede poner en marcha”, se llevará cabo en aguas internacionales y supondrá el apoyo a la detección y seguimiento de las redes de migración, a través de la recopilación de información y las patrullas en alta mar y aéreas.

Sobre esta cuestión, “ante posibles dudas” aclaró que “los Estados pueden interceptar, si lo autoriza el Estado de abanderamiento, los buques sospechosos de tráfico ilícito de migrantes y así, adoptar las medidas adecuadas con respecto a estos buques, las personas y la carga que transportan”.

La segunda fase, a la espera de la Resolución del Consejo de Naciones Unidas, se subdividirá en dos etapas: primera, orientada al abordaje, registro, incautación y desvío en alta mar, y segunda en abordar, registrar, incautar y desviar en alta mar, mar territorial o aguas interiores.

La tercera, necesitaría asimismo de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño.

Esta fase consistiría en adoptar todas las medidas necesarias contra cualquier embarcación sospechosa, en las condiciones establecidas en dicha resolución o con el consentimiento del Estado ribereño en su territorio.

La transición entre fases estará sujeta “no solamente a su cobertura legal, sino también al control político”.

Por último, el ministro detalló el coste de la misión de 15,3 millones de euros y remarcó que los gastos derivados de la participación española en esta operación se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria “Participación de las FAS en Operaciones de Mantenimiento de la Paz”.