En un encuentro informativo, Adroher concretó que España tenía que crear este registro como se comprometió en 2010 al firmar el Convenio de Lanzarote, impulsado por el Consejo de Europa. La Ley de Infancia y Adolescencia, que culmina su trámite parlamentario este jueves, establece el Ministerio de Justicia tendrá que marcar las disposiciones reglamentarias oportunas, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia Española de Protección de Datos, para ponerlo en marcha.

“Desde el punto de vista práctico lo que esto va a suponer es que las personas que quieran trabajar con niños o realizar actividades u oficios en los que estén en relación con niños necesitarán para ello un certificado negativo de este registro”.

Una vez que los diputados voten la ley, los plazos para desarrollar el citado registro expirarían, como máximo, en las primeras semanas de 2016. No obstante, Adroher confía en que pueda estar listo antes de las próximas elecciones generales, que podrían celebrarse en noviembre.

DESAMPARO, POBREZA Y DISCAPACIDAD

Entre las novedades que incluye la nueva legislación referente a la infancia y la familia, explicó, está también la modificación del concepto de desamparo, que el Código Civil vigente define cuando hay “una carencia moral y material”.

“Básicamente el desamparo tendrá lugar cuando hay maltrato por parte de los progenitores o tutores del niño y, por tanto, la pobreza o la discapacidad de sus progenitores o tutores no podrán ser movitos de desamparo".

Asimismo, la legislación contempla la lucha contra la violencia como eje transversal e impedirá que una persona que ha matado a su pareja por un delito de violencia de género reciba la pensión de viudedad. “Podrá retenerse hasta que se dicte la sentencia y se compruebe que esta persona ha cometido ese delito”, agregó.

La Ley de Protección de Infancia y Adolescencia, que ha sido tramitada en el Parlamento por la vía ordinaria y orgánica, al referirse a derechos fundamentales, modifica 20 leyes y parte de una propuesta impulsada por el gobierno socialista en 2011. Además, el Ejecutivo de Rajoy presume de que está “ampliamente consensuada” con comunidades autónomas, ONG y Universidades y que el PP ha aceptado un tercio de las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios.

“Esperamos que el nivel de consenso que hemos vivido a lo largo de toda la elaboración se vea coronado mañana”, concluyó.