Estas protestas forman parte de la campaña ‘El juego ilegal NO es un juego’, que también denuncia que 100.000 personas son engañadas por las 22 redes ilegales que existen ante las “muy escasas” y “poco rotundas” actuaciones de la Administración.

Ante la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid, este mediodía acudieron un centenar de trabajadores de la ONCE, que ataviados con chalecos naranjas de UTO-UGT y acompañados de pancartas, megáfonos y bocinas, corearon el citado lema y otras consignas como: “Gobierno, escucha, la OID es una hucha”; “El juego ilegal engaña a la sociedad”; “Sólo España lo consiente, la discapacidad se vende”; “Queremos saber dónde va el dinero de la OID” y “Se siente, se explota, la discapacidad se explota”.

Antes de su disolución, la portavoz de los manifestantes y secretaria general de UTO-UGT de la sección sindical de Madrid, Elena Puente Méndez, accedió a la sede de la Delegación y registró un documento que explica a la Administración todos los pormenores de su queja.

Puente Méndez, concretó que la campaña denuncia que las asociaciones de juego ilegal hacen una “competencia desleal” a la ONCE y a Lotería Nacional porque “ni están dadas de alta en los registros, ni pagan a Hacienda ni a sus trabajadores les tienen dados de alta en la Seguridad Social, con lo que están fomentando la economía sumergida y encima utilizando a personas con discapacidad e incluso en exclusión social para estos fines”.

DINERO NEGRO

La portavoz de UTO-UGT subrayó que su protesta no va en contra de esos trabajadores, sino de las asociaciones fraudulentas, entre las que la más conocida es la OID. “Ese dinero es un dinero negro, que no se declara, que no se sabe dónde está y que fomenta la corrupción. Y nosotros llevamos en la ONCE 75 años vendiendo juego, trabajando, cotizando y haciendo que los discapacitados como yo estemos integrados en la sociedad totalmente, como ciudadanos que queremos cobrar nuestras pensiones”, agregó.

Preguntada por las causas, la portavoz indicó que aunque la ley de juego de 2011 marca como “únicos operadores legales” a Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, “la ley es confusa”. “Hay un vacío legal y cuesta mucho ir contra ellos”, aunque recordó que la OID “tiene una multa de 25 millones de euros”.

“Así no podemos seguir. La ONCE ha conseguido que el discapacitado sea una persona totalmente apta e igualitaria en la sociedad. Con estos vamos para atrás, estamos retrocediendo en derechos y en obligaciones”, concluyó la secretaria general de UTO-UGT Madrid.

La campaña ‘#eljuegoilegalNOesunjuego’ incluye un decálogo que ha redactado el sindicato contra el juego ilegal, en el que se incluye que atenta contra los derechos de los consumidores, que “copia y utiliza la imagen, los sorteos y hasta la publicidad de operadores como la ONCE para engañar a posibles compradores” o que hace una utilización “lastimera” de la imagen de las personas con discapacidad “como gancho para su actividad”.