El EDF recuerda en un comunicado que el pueblo griego ha sufrido ya bastante las consecuencias de las medidas de austeridad, y es necesario buscar una solución sostenible que permita a los griegos vivir con dignidad y que proteja a los colectivos de ciudadanos vulnerables, como son los hombres, las mujeres y los jóvenes con discapacidad, así como las personas mayores.

“Existen estadísticas que ayudan a todos a recordar que, a pesar de las intenciones declaradas del programa de la Troika, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha producido una caída del 25% en el Producto Interior Bruto (PIB) de Grecia desde la puesta en marcha del programa. Esta recesión ha tenido consecuencias catastróficas para el pueblo de Grecia”, añade el EDF.

Esta organización alerta además de que el desempleo juvenil de Grecia ha llegado al 60%, las personas con discapacidad han padecido las consecuencias de la crisis y los derechos fundamentales por los que se ha luchado durante tantos años corren peligro.

En este sentido, el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis Vardakastanis, considera que “en este momento histórico, tanto para el futuro de Grecia como para el futuro del conjunto de Europa, las instituciones de la UE deben basar las negociaciones con el Gobierno de Grecia en los valores de los derechos fundamentales y la solidaridad, pensando en primer lugar en las personas. Deben proteger plenamente a las personas con discapacidad y sus familias de la pobreza, la exclusión y la discriminación”.

Por último, el EDF y otras organizaciones pertenecientes a la Plataforma Social han firmado conjuntamente una carta sobre la situación que se vive en Grecia, en la que se describe como “no se han incorporado los derechos y el bienestar de todos los ciudadanos de Europa en el corazón de las políticas europeas”. La misiva ha sido remitida a los jefes de Gobierno y de Estado de la Unión Europea, a los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo, y a la directora general del FMI.