Estos son varios de los argumentos utilizados por Garzón en el recurso de apelación presentado esta mañana en el Tribunal Supremo contra el auto dictado por Varela el pasado jueves, un escrito en el que se acusaba a Garzón de haber ignorado "conscientemente" la ley en su investigación sobre el franquismo y que le dejó a las puertas de ser juzgado por un delito de prevaricación.

El escrito presentado esta mañana por Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Garzón, acusa a Varela de tener “una visión sesgada” y “preconcebida” que le impide “analizar los hechos con objetividad”.

Además, señala que el auto de Varela “resulta insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal”. “No basta estar en desacuerdo para acusar a un magistrado de prevaricador”, señala el recurso de Garzón.

El recurso presentado esta mañana por Garzón, de un total de 46 folios, ha sido interpuesto ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sala que estudiará el caso estará compuesta por los magistrados Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdúgo, los mismos que admitieron en mayo de 2009 la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

ERRORES DE VARELA

Garzón acusa además a Varela de cometer “omisiones, errores y valoraciones” equivocas en el auto dictado el jueves. Uno de los fallos más graves del escrito de Varela es el que atribuye a Garzón una decisión que en realidad fue adoptada por su compañero Santiago Pedraz.

Varela aseguraba en el auto dictado el jueves que Garzón escenificó su “empeño doloso” de proseguir con la investigación sobre el franquismo en una providencia dictada el 29 de octubre de 2008.

El recurso, en cambio, subraya que la citada providencia “no fue firmada por Garzón sino por otro magistrado, como se habría apreciado en caso de un examen atento y objetivo de las actuaciones”. La providencia fue dictada en realidad por Pedraz en sustitución de Garzón, quien se encontraba por esas fechas de baja para someterse a una operación quirúrgica.

Garzón acusa además a Varela de haber incurrido en los mismos supuestos errores que él le reprocha. “El instructor está actuando de la misma forma que reprocha a mi mandante: recabando informes del Ministerio Público y actuando en contra de lo informado por el fiscal”, destaca el recurso.

NUEVAS DECLARACIONES

El juez de la Audiencia Nacional solicita de forma complementaria a la Sala de lo Penal que antes de decidir si se le lleva a juicio se ordene la práctica de nuevas diligencias de pruebas para demostrar su inocencia.

En concreto, Garzón solicita que declaren como testigos ante el Tribunal Supremo los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel.

Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.

Según el recurso presentado hoy, los votos particulares dictados en esa ocasión por Bayarri, De Prada y Saéz Valcárcel “coinciden con sólidos argumentos con las decisiones tomadas por Garzón”.

El juez también pide la declaración como testigo ante el Supremo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El escrito presentado ante el Tribunal Supremo requiere además la declaración testifical de Carlos Jiménez Villarejo, uno de los miembros del grupo de expertos designados por Garzón para su investigación; Ricard Vinyes, investigador de las desapariciones de niños durante los primeros años del franquismo; así como de Joan Garcés y Fernando Magán, los abogados que impulsaron las denuncias contra los crímenes de Franco.

También se solicita la declaración de un total de siete expertos internacionales en la persecución de los crímenes contra la humanidad. El abogado de Garzón asegura que las declaraciones de estos testigos son necesarias “para que pueda concluir que las decisiones de mi mandante fueron justas, y que lejos de existir causa para inadmitir las denuncias por aquellos crímenes, existía una obligación jurisdiccional de investigarlos y castigarlos”.

De forma complementaria, Garzón solicita que se incorporen varias pruebas documentales, entre ellas el relato de las causas abiertas en la Audiencia Nacional por delitos contra la humanidad como los procesos seguidos contra varios miembros de las SS de Adolf Hitler o contra responsables militares de Chile o Argentina. También pide que se incorpore como prueba la aprobación de la Ley de Memoria Histórica por parte del Congreso de los Diputados.