Según la Fravm, estos extras, que han aparecido por vez primera en las nóminas de diciembre y llegan a alcanzar los 1.700 euros, derivan de un convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Comunidad de Madrid firmado el 15 de septiembre de 2008.

Aunque este acuerdo perseguía la puesta en marcha de un programa piloto para el estudio del comportamiento de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) derivados de ciertas patologías, concretamente de catorce enfermedades, la Fravm considera que, "como indica la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, 'en el fondo asumía el objetivo de controlar la prestación por IT'".

La Fravm denuncia que el convenio y los incentivos económicos se han puesto en marcha sin conocimiento de los propios profesionales, y recuerda que hasta el momento han sido rechazados por numerosas sociedades y entidades médicas.

Para la federación vecinal, el departamento de Juan José Güemes y el INSS, "una vez más, han puesto en marcha este nuevo sistema de control de las bajas médicas, de dudosa ética, sin ningún tipo de consenso y con un gran desconocimiento de la actividad de los médicos de familia, de su compromiso con el sistema sanitario y con sus pacientes, y de la realidad de la atención primaria madrileña".

A su juicio, "ambos organismos, en vez de incentivar para reducir las bajas, deberían ponerse de acuerdo para mejorar la realidad actual". En este sentido, indica que, con objeto de paliar algunos de los catorce trastornos mencionados en el acuerdo, "deberían dotar a los centros sanitarios de plantillas profesionales adecuadas para no demorar citas de rehabilitación, intervenciones quirúrgicas o, simplemente, pruebas complementarias. Así se controlaría mejor la reducción de los días de baja laboral", asegura en un comunicado.

Por todo ello, la Fravm, en sintonía con las principales organizaciones de los profesionales de la salud primaria madrileña, solicita la retirada de "unos incentivos que ponen en riesgo la imparcialidad y equidad de los médicos y no premian la eficacia sino única y exclusivamente el ahorro". "No se puede pervertir la función fundamental de la medicina, que no es otra que mejorar la salud de los usuarios, sometiéndola a las leyes del mercado; y tampoco se puede, bajo la justificación de disminuir gastos, atacar un derecho básico de los trabajadores, que garantiza el descanso debido y el mantenimiento del puesto de trabajo cuando están enfermos", concluyen las asociaciones vecinales.