El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril la continuación del procedimiento de extradición a Ucrania del exministro. El representante legal de Kolobov pidió su puesta en libertad el pasado 13 de mayo previo pago de la fianza que se le pudiera imponer y sometiéndose a las medidas cautelares que se le impusieran para evitar que eludiera la acción de la justicia.

El Ministerio de Justicia explicó en abril que Kolobov, que actualmente se encuentra en prisión provisional, formó parte, desde febrero de 2012 hasta febrero de 2014, del Gobierno de Ucrania bajo la presidencia de Viktor Yanukovich.

El exministro se encontraba en paradero desconocido desde la caída del anterior Ejecutivo ucraniano hasta su detención en Altea (Alicante) el pasado 3 de marzo.

El exministro argumenta a favor de su libertad que se encuentra en trámite de solicitud de asilo, insiste en que la medida de prisión es excepcional y destaca su situación de arraigo en España, donde reside junto a su familia, lo que pone en duda que haya riesgo de fuga.

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Según las autoridades ucranianas, el Gabinete de Ministros de dicho país aprobó en octubre de 2010 los términos de la licitación de un paquete de acciones de la Sociedad Anónima Abierta, S.A.A. En dicho acuerdo se establecía la condición de que en el plazo de dos años tras la transferencia de propiedad de las acciones el comprador debería asegurar el establecimiento de la red fija de telecomunicaciones de propósito especial.

Igualmente, el adjudicatario debería asegurar la transmisión gratuita de la red al Servicio Estatal de Comunicación Especial y Protección de Información de Ucrania, todo ello en un contrato que fue adjudicado a la sociedad ESU el 11 de marzo de 2001.

El Ejecutivo ucraniano considera que, a sabiendas de estas condiciones y con el ánimo de beneficiar a la empresa adjudicataria, entre los años 2012 y 2013 Kolobov fue presuntamente responsable de la enmienda de leyes y la aprobación de transferencias de fondos públicos a la empresa adjudicataria ESU. Para ello contó con la complicidad y acuerdo previo de otros altos cargos, lo que causó pérdidas al Estado de unos 220 millones de grivnas ucranianas (algo más de nueve millones de euros).