A la norma se presentaron 58 enmiendas parciales (16 del PSOE, 22 de CiU, 9 de La Izquierda Plural, 5 de UPyD, 4 del PNV y 2 de ERC), mientras que el PP fue el único grupo parlamentario que no propuso mejoras al texto enviado por el Gobierno.

Diez enmiendas (nueve del PSOE y una del PNV) fueron aceptadas, en algunos casos por unanimidad, aunque los diferentes portavoces desvelaron en sus intervenciones sus posiciones sobre la norma: apoyo del PP y UPyD, abstención del PSOE y rechazo de CiU, PNV y ERC.

Todas las enmiendas aprobadas mejoran técnicamente el proyecto de ley en aras de una mayor transparencia y la incorporación de criterios de gestión responsable en las entidades del Tercer Sector de Acción Social, entre otros aspectos.

Una de las reivindicaciones más demandadas por la oposición, concretamente el PSOE, CiU, La Izquierda Plural y UPyD, es la creación de un Observatorio Estatal del Tercer Sector de Acción social dependiente del departamento ministerial competente en materia de servicios sociales con el fin de que recopile, sistematice, actualice y genere información y conocimiento, pero fue rechazada por el PP, que también desestimó que las organizaciones sociales gocen de los máximos beneficios fiscales posibles, algo solicitado por el PSOE, CiU y UPyD.

Inmaculada Guaita, Maravillas Falcón y Ana Belén Vázquez defendieron el proyecto de ley y explicaron por qué aceptaban o rechazaban las enmiendas de la oposición.

Julio Lleonart, de UPyD, fue el único portavoz de la oposición que dio el visto bueno a la norma, que consideró “esperada y deseada, pero mejorable”, si bien apuntó que las entidades sociales tendrían que tener “un régimen propio en materia de ayudas y subvenciones” y que el Gobierno debería aportar fondos al sector para no repetir “el chasco de la pobreza infantil, con el que apenas tocó unos pocos euros por niño”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Marisol Pérez, del PSOE, dio la bienvenida al proyecto normativo, del que recordó que era demandado por las propias organizaciones del Tercer Sector, pero añadió que no es el que hubieran elaborado los socialistas y criticó que no esté acompañado de “crédito disponible” para las entidades.

Más beligerantes con el texto se mostraron el resto de portavoces, que recordaron que este martes se hizo pública una sentencia del Tribunal Supremo que anula un real decreto del Gobierno que regula las subvenciones a las ONG de ámbito estatal, por entender que la asistencia social es competencia de las comunidades autónomas.

Así, Josep Pérez Moya, de La Izquierda Plural, afirmó que esta sentencia judicial “toca uno de los elementos troncales” del proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, que encierra, a su juicio, una ”tendencia recentralizadora en materia de protección social”.

Carles Campuzano, de CiU, precisó que la norma le genera “desconfianza” y mostró su rechazo al texto por tener “la sensación de tomadura de pelo” cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han emitido sentencias que “dan la razón” a su grupo en el sentido de que los servicios de asistencia social son de competencia autonómica. “Se pierde la oportunidad de resolver cuestiones de fondo”, añadió.

Isabel Sánchez, de PNV, aseguró que el proyecto de ley es “manifiestamente inconstitucional en la medida en que no respeta la competencia de servicios sociales que tienen las comunidades autónomas” y auguró que será llevado ante el Tribunal Constitucional.

Por último, Joan Tardà (ERC) aportó argumentos similares, en el sentido de que “detrás de esta iniciativa del Gobierno hay una voluntad de centralizar competencias”, mientras que criticó que el Gobierno quiera poner "un esmoquin al Tercer Sector” con la ley.