Los hechos ocurrieron el 22 de abril de 2008, cuando se inició el derribo de dos bloques de viviendas situados en el número 61 de la Cañada Real, que dejó a 12 familias (28 adultos y 12 mejores) de origen boliviano no sólo sin hogar, sino también sin sus pertenencias, dinero y documentación administrativa.

En consecuencia, un grupo de abogados interpuso el 9 de mayo de 2008 nueve demandas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, por entender que la corporación local dirigida por Alberto Ruiz-Gallardón vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Una de estas demandas ha llegado al TSJM, que, en una sentencia fechada el pasado 25 de enero, ha dado la razón a las personas afectadas.

La sentencia del TSJM obliga al Ayuntamiento de Madrid a que "indemnice a los apelantes (el matrimonio formado por Ronald Juan Arnez y Olga Almendras) por daños y perjuicios", por considerar "ilegal la entrada en el domicilio".

En una rueda de prensa en la parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías (Madrid), Arnez relató que aquel día fue a trabajar en torno a las seis de la mañana y que después recibió una llamada informándole del derribo de su vivienda, pero entendió que "era una broma".

A la segunda llamada recibida, Arnez se puso "nervioso" porque, según contó, "tenía a mis hijos y a mi mujer dentro, que estaban durmiendo", y cuando regresó a su casa, se encontró "todo derrumbado" y se puso a llorar.

Gracias a varias entidades, como la parroquia San Carlos Borromeo (donde vivió con el resto de familias durante dos meses) y la Cruz Roja, recibió ayuda económica, psicológica y jurídica y actualmente reside en un piso de alquiler en Rivas-Vaciamadrid. "Ahora no tengo trabajo y estamos viviendo como se puede vivir, con los niños en el cole...", señaló.

OTRA VIVIENDA

Su abogada, Sonia Rello, denunció que el derribo de la vivienda supuso que Arnez perdiera la cita que tenía concertada para solicitar el permiso de residencia por arraigo.

No obstante, Rello indicó que pedirá al juez que el Ayuntamiento de Madrid otorgue una vivienda a Arnez y su familia, la mejor manera de "reparar el daño causado porque perdieron absolutamente todo y se quedaron literalmente en la calle".

Rello precisó que la sentencia del TSJM es, "en principio, definitiva", contra la que cabe "un único recurso de unificación de doctrina", si bien añadió que el Ayuntamiento de Madrid "no se ha opuesto a la indemnización".

Por otro lado, Patricia Hernández, que representa a otras familias afectadas, exigió al Ayuntamiento de Madrid que "respete los derechos fundamentales de los vecinos de la Cañada Real Galiana".

"No se trata sólo del caso de Ronald y Olga. Ésta es la práctica habitual con los vecinos de la Cañada. Está imponiendo unos intereses urbanísticos, de cuya legitimidad no discutimos, por encima de los derechos fundamentales de las personas. Es algo intolerable que no estamos dispuestos a admitir", concluyó.