El recurso está firmado por diputados de esos cuatro grupos, y a presentarlo acudieron el portavoz del PSOE, Antonio Hernando; la diputada del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural Caridad García; el dirigente de UPyD Andrés Herzog; y el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, en nombre del Grupo Mixto. Dentro de ese grupo, en el momento de presentarse el recurso lo habían firmado también Coalición Canaria y Geroa Bai.

Hernando explicó además que varias ONG se han adherido también al recurso, y todos ellos pretenden que el Tribunal Constitucional derogue de hecho una ley “que está prevista para frenar las protestas, las quejas y las manifestaciones” de los ciudadanos, provocadas a su vez por los recortes también impulsados por el PP.

Los socialistas consideran que el PP “tiene miedo” y por eso ha aprobado una ley que recorta el derecho de los ciudadanos a protestar por sus medidas. A menos de tres días de las elecciones autonómicas y municipales, Hernando subrayó que la democracia no es solo votar, sino disfrutar de unos derechos y libertades, que pueden ser conculcados y tienen que ser defendidos.

El recurso se dirige también contra las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras, por entender que vulneran el derecho de esas personas a solicitar asilo, refugio o protección internacional.

En nombre de La Izquierda Plural, Caridad García denunció que esa ley conculca derechos consagrados en la Constitución, “esa que dicen que quieren proteger”, al “atacar” derechos tan básicos como el de reunión o manifestación.

Cree que su contenido “nos retrotrae a tiempos que creíamos superados”, incluso a los del “mismísimo Franco”. Es “muy propia”, sentenció, de un ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que considera “mucho más importante ir a poner flores a una imagen que defender los derechos y libertades de los ciudadanos y las ciudadanas”.

Andrés Herzog, de UPyD, se refirió a esa ley como “la guinda” de una “legislatura negra” en la que el PP ha aprobado recortes de derechos que afectan a todos los ciudadanos, también a los inmigrantes o a los periodistas. Por ello, confía en que el Constitucional derogue una norma “desproporcionada e innecesaria” en la que el Gobierno ha plasmado su “obsesión por el control”.

Joan Baldoví denunció que el Gobierno ha tenido casi cuatro años para hacer leyes que eran muy necesarias y que no ha hecho, y sin embargo “ha hecho leyes inútiles, como esta”, que lejos de mejorar la calidad democrática “la empeora”.

Subrayó que los grupos que ahora son oposición en el Parlamento tienen “mucho trabajo para la próxima legislatura”, en la que un cambio de mayorías podría permitir que las leyes salgan “consensuadas” y sirvan para proteger la democracia, no para “prohibir o entorpecer” su ejercicio.