A la reunión, celebrada en Madrid, asistieron José Pérez, abogado y representante de las asociaciones de víctimas de tráfico; Luis Cayo Pérez, Luis Alonso y Óscar Moral (del Cermi); Ángel de Propios y Carlos Gómez (Aspaym); Ignacio Osorio (Predif), Clara Dehesa (Fedace), Noa Sánchez-Cabezudo (Stop Accidentes), Mar Cogollos (Aesleme) y Amelia Ruiz (PAT-APAT). Catalá estuvo acompañado del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde y el secretario general técnico del Ministerio, Julio Fuentes.

Catalá señaló en la reunión que el nuevo baremo de indemnizaciones, que debe aprobar el Parlamento, colocará a España a la altura de las medidas contempladas en la UE y que el sistema tendrá un carácter más activo, actualizado y adaptado a la realidad, de manera que incluirá importantes conceptos como el daño emergente y el lucro cesante, según informó el Ministerio de Justicia.

El titular de Justicia ha destacó que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno fue “un logro de todos” y consideró a las asociaciones como “verdaderos coautores” de la iniciativa, ya que ésta nació como fruto del diálogo, la negociación y el consenso.

Para Catalá, la relevancia del proyecto se basa en que afecta prácticamente a la totalidad de la población española, puesto que todas las personas son susceptibles de sufrir un accidente de tráfico, y comentó que hasta ahora existía una carencia para homologar el nivel de las indemnizaciones.

PAREJAS DE HECHO

Así, las reformas legislativas emprendidas asumirán el objetivo de reparar de forma íntegra los daños y perjuicios padecidos, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluyendo la pérdida de ingresos y la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.

Catalá indicó que se introduce un principio de objetivación, mediante el cual las indemnizaciones se ajustarán a unas reglas y límites establecidos en el sistema. Se amplían, además, las situaciones susceptibles de generar esa indemnización, adecuándolas a la realidad social, de forma que se contemplarán estructuras familiares, como las parejas de hecho, que hasta ahora no habían sido reguladas.

En el caso de las indemnizaciones por secuelas del accidente, se refuerza la reparación del gran lesionado y se integran los conceptos de perjuicios y daños emergentes, como pudieran ser los gastos asistenciales futuros. Otra novedad es la posibilidad de indemnizar a las personas por el perjuicio económico sufrido cuando su ocupación sea la de ama de casa.

Igualmente, Catalá explicó que la introducción de un sistema de tablas de baremación, que facilitará la aplicación del sistema y una rápida resolución de conflictos, fomentará los acuerdos y transacciones extrajudiciales, descargando de trabajo a los juzgados y tribunales.

En la reunión, los representantes de las asociaciones de víctimas agradecieron a Catalá que el encuentro tuviera lugar a una semana de que se cierre el plazo de enmiendas al proyecto de Ley en el Congreso y se felicitaron de que esta demanda social se convierta, por fin, en una realidad.

A este respecto, el presidente del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo Pérez, celebró, en declaraciones a Servimedia, que el baremo de indemnización de accidentes vaya a actualizarse.

“Supone una renovación amplia y profunda del baremo vigente, que había quedado obsoleto, ajeno a la realidad actual y a las necesidades de las víctimas de accidentes. Con esta nueva regulación, a la que el Cermi presentará mejoras técnicas en trámite parlamentario, las víctimas de accidentes de tráfico que adquieren una discapacidad tendrán más cobertura económica, sanitaria, social y sociosanitaria, y dispondrán de apoyos para su autonomía personal. Es un proyecto de ley globalmente beneficioso”, concluyó.