Mañana, jueves, se votarán esas enmiendas a la totalidad, que serán rechazadas por el PP, PSOE y UPyD, con lo que el proyecto de ley continuará su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de enmiendas parciales de los diferentes grupos.

En su exposición ante la tribuna del Pleno del Congreso, Alonso destacó que el proyecto normativo llegó al Parlamento “de la mano” de las entidades sociales y tiene como principal justificación reflejar “la realidad que hay en nuestro país” en este ámbito, ya que más de 30.000 organizaciones generan más de 630.000 empleos en una actividad que supone casi el 2% del PIB. “Es una realidad potente y activa”, apuntó.

Alonso destacó que estas entidades desempeñan una labor “absolutamente clave para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad” y “hace tiempo” que reclamaron un marco regulatorio estatal, que queda recogido en el proyecto de ley “sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia de asistencia social”.

El ministro apuntó que el texto, inédito en la legislación española, se asienta sobre tres pilares: es un marco jurídico que reconoce a las entidades del Tercer Sector de Acción Social, refuerza su capacidad como interlocutor ante la Administración General del Estado para el diseño de políticas públicas e incluye medidas de fomento para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones.

El proyecto otorga los máximos beneficios fiscales a las entidades sociales, dinamiza la participación de las mujeres en las organizaciones, refuerza la consideración de que su trabajo no puede “diluir” la responsabilidad del Estado y destaca que las ONG que realicen actividades de servicios sociales en las comunidades autónomas y ayuntamientos recibirán el mismo trato que las empresas para cobrar las deudas.

ENMIENDAS

Esta iniciativa contó con cuatro enmiendas a la totalidad, registradas por CiU, La Izquierda Plural, PNV y ERC, cuyos portavoces destacaron que el texto cierra la puerta a un incremento del gasto público para ayudar a las entidades sociales e invade las competencias de las comunidades autónomas.

Carles Campuzano, de CiU, señaló que su grupo mira “con desconfianza” el proyecto normativo porque “pretende consolidar el control del Estado” en las subvenciones del 0,7% del IRPF en las declaraciones de la renta, cuando los grupos nacionalistas han reivindicado en numerosas ocasiones la territorialización de estos recursos para que sean gestionados por las autonomías, e indicó que el texto encierra “una recentralización sutil” de las competencias sociales cuando “la fortaleza del tejido asociativo está en la proximidad con los ciudadanos”.

Josep Pérez, de La Izquierda Plural, comentó que el proyecto de ley supone “un paso adelante” para reconocer la labor del Tercer Sector, pero “claramente insuficiente” porque no recoge “de manera transversal todas las demandas” de las entidades, en tanto que calificó de “absurdo” y “engaño” que la norma precise que no supondrá ningún incremento en el gasto público cuando las organizaciones “necesitan medidas específicas” en este sentido.

Isabel Sánchez, del PNV, recalcó que la norma “excede” las competencias estatales e “interfiere, de forma inconstitucional”, en las potestades que las comunidades autónomas tienen en cuanto a la asistencia social. “De mantenerse esta concepción, el Estado provoca una interferencia brutal con las regulaciones autonómicas en la materia”, apostilló.

Y Joan Tardà, de ERC, tildó de “engañabobos” la iniciativa presentada por el Gobierno porque después de aplicar “recortes impresionantes” con motivo de la crisis económica “pretende hacer ver que se preocupa más del Tercer Sector de lo que realmente se preocupa”, y criticó que no haya más gasto público para las entidades y que suponga un “jaque” a las competencias autonómicas.

Las enmiendas a la totalidad no contarán este jueves con el apoyo del resto de los grupos, como así lo adelantaron Ana Belén Vázquez (PP), María Soledad Pérez (PSOE) y Julio Lleonart (UPyD).