En concreto, Feaps ha enviado una carta a la Junta Electoral Central reivindicando estos derechos, informando sobre su vulneración y proponiendo varias medidas para lograr la accesibilidad electoral.

También ha remitido sendos escritos al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Atención a la Discapacidad (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), para denunciar la situación y pedir la defensa de este colectivo y sus derechos.

Entre las peticiones trasladadas a la Junta Electoral Central para garantizar la accesibilidad a la información y los procesos electorales se encuentran la adaptación de la información electoral a lectura fácil, para hacerla accesible a las personas con dificultad de comprensión.

Del mismo modo, Feaps pide la adecuación de la señalización de los colegios electorales para que el día de la votación sea fácil y accesible encontrar la mesa en la que corresponda votar.

Preparar al personal de administración que trabaja en los colegios electorales el día de los comicios para que esté bien formado sobre el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y hacer una versión accesible de los manuales de las mesas electorales son otras de las reivindicaciones del colectivo.

Además de las cartas, Feaps también indicará, a través de sus perfiles en las redes sociales, los procedimientos formales que las instituciones mencionadas disponen para que las personas con discapacidad intelectual puedan remitirles denuncias o quejas.

Y es que, indicó la entidad este miércoles en un comunicado, en cada proceso electoral que se celebra en España, las personas con discapacidad intelectual ven vulnerado su derecho a que "los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar", como establece el artículo 29 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Esta situación se da, explicó Feaps, debido a que la información electoral no es accesible para estas personas, que se encuentran con dificultades a la hora de conocer cómo funcionan los procesos de votaciones, qué medidas proponen los partidos políticos, o qué tienen que hacer para votar.

Esta falta de accesibilidad, finalizó la entidad, también supone el incumplimiento del artículo 49 de la Constitución Española, que establece el deber de "los poderes públicos" de prestar a las personas con discapacidad "la atención especializada que requieran" y que "los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos".