La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebró esta mañana una vista en la que los tres magistrados que la componen han podido escuchar los argumentos de los futbolistas y de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) antes de decidir si suspende la huelga anunciada para todas las competiciones de balompié a partir del próximo sábado.

Los futbolistas españoles han apelado al derecho constitucional a la huelga para defender el paro. Creen que, de celebrarse, los daños no serían "irreversibles", dando a entender que podrían jugarse los partidos más adelante. Por su parte, la Liga considera que más que una huelga, esta protesta tiene el carácter de un cierre patronal y no respeta la libertad de quienes no quieren sumarse a ella.

En opinión del presidente de la LFP, Javier Tebas, esta convocatoria de huelga es especialmente dañina por las fechas en las que se produciría, a tan sólo dos jornadas del final de la Liga. De hecho, aseguró a los periodistas que si se celebra el paro, esos partidos no deberían jugarse después.

Por si acaso, la Liga de Fútbol Profesional ha hecho una reserva de cinco millones de euros para pagar a los posibles perjudicados, en caso de que los tribunales den la razón a los futbolistas y autoricen una huelga que costaría, según sus cálculos, 50 millones de euros por jornada.

Ya en declaraciones a los periodistas que esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional, Rubiales se mostró confiado en la labor de la justicia y plenamente seguro de que “la huelga es legal”. La solución del conflicto, dijo el representante de los jugadores, es el diálogo para el que tienen “la mano tendida” con el objetivo de “solucionar un problema grave al que nos hemos visto abocados”.

Sobre las insinuaciones hechas por Tebas sobre el deseo de muchos jugadores de “trabajar”, el presidente de la AFE dijo que la organización tiene “el apoyo unánime de los futbolistas” a los que dio las gracias “por lo que están soportando”, al igual que a todos aquellos clubes que “no están presionando” a los deportistas.

La AFE decidió el pasado viernes sumarse al paro convocado por la Federación Española (RFEF) a partir del sábado, al entender que el real decreto del Gobierno sobre la venta centralizada de derechos televisivos del fútbol supone "un ataque" a sus derechos.

Aseguran que en el reparto de fondos que prevé esta norma, la patronal tiene la potestad de tomar todas las decisiones sin que los futbolistas puedan intervenir de ningún modo en ello. El Real Decreto de la discordia será convalidado hoy en el Congreso de los Diputados.

Esta es la quinta huelga que convocan los futbolistas en España. La última se sustanció en 2011. Lo que nunca ha ocurrido es que los paros se convocaran en las últimas jornadas de Liga, de hecho, la anterior se produjo en los comienzos de la competición.

El magistrado Ricardo Bodas es el presidente de la Sala de lo Social que debe decidir sobre la huelga. Tiene un marcado perfil laboralista en defensa de los trabajadores. Durante años ejerció como abogado del sindicato Comisiones Obreras. Los tres magistrados que componen la Sala se reunirán a deliberar y comunicarán su decisión por escrito mañana.

Ayer ambas partes se reunieron en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), pero el encuentro terminó sin acuerdo, por lo que la huelga en el fútbol español convocada por el sindicato de jugadores con el respaldo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue de momento en marcha.