En realidad, se trata de dos autos que dan la razón al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ya en 2010 resolvió que el 25% de las clases en castellano era un porcentaje adecuado para asegurar el derecho de aquellos alumnos que lo solicitasen a utilizar dicho idioma como lengua vehicular.

Tras visitar la competición Spainskills que se desarrolla en Madrid, Gomendio destacó que en realidad, el Estado tiene la competencia de garantizar el derecho de las familias a elegir la lengua de escolarización de los hijos, pero que son las comunidades autónomas las que deben fijar en qué proporción se imparten las distintas lenguas cooficiales.

“Hasta ahora”, el Supremo se habían limitado a señalar que “debía hacerse en una proporción razonable”, pero “el sistema de inmersión lingüística de Cataluña, que en sí mismo no crea ningún problema, se ha llevado al extremo de excluir totalmente el castellano y darle el tratamiento de lengua extranjera”.

Es ahí donde ha entrado a actuar el Gobierno al pedir a la Abogacía del Estado que recurra los plazos de prescripción escolar (y pida un período extra para que se pueda solicitar castellano), a fin de “garantizar el derecho de las familias”.

También se ha pronunciado el Supremo en estos dictámenes, en los que “el Gobierno central no es parte”.

Por eso, Gomendio calificó de “razonable” que aquellos alumnos que lo soliciten reciban el 25% de las clases en esta lengua, que “en la práctica, solo supone impartir una asignatura troncal más, aparte de Lengua Castellana”, en dicho idioma.

Esto es precisamente lo que “ha avalado el Tribunal Supremo” con las dos sentencias publicadas hoy, dijo.

A su juicio, la reacción de la Generalitat contra el recurso del Gobierno es por tanto “desproporcionada” y “está fuera de foco”. “No entiendo cómo se puede argumentar que esto pretende aniquilar el catalán en la escuela”, como dice la Generalitat, afirmó.