La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, ante el riesgo en el cumplimiento de las demandas de agua, el Gobierno aportará un crédito extraordinario de cerca de 50 millones de euros para la realización de actuaciones que sirvan para incrementar los recursos hídricos disponibles.

En el caso de la demarcación del Júcar, el Gobierno señala que la situación actual de reservas de agua no permite, en caso de no adoptar medidas extraordinarias, cubrir de modo adecuado las demandas de los sistemas de explotación.

Con el real decreto aprobado hoy, se podrán poner en marcha actuaciones temporales destinadas a incrementar el agua disponible hasta que los niveles de reserva mejoren, así como medidas administrativas para limitar los aprovechamientos de forma equitativa entre todos los sectores afectados.

Para ello, prevé un incremento del agua disponible con la ejecución de obras de captación, así como con medidas que modifiquen las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, como, por ejemplo, el cambio de dotaciones de suministro y los criterios de asignación de recursos, la instalación de contadores de control de consumo o la realización de contratos de cesión de derechos.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Por otro lado, el real decreto que declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura permitirá mejorar la situación hidrológica en la que se encuentran los aprovechamientos vinculados al trasvase Tajo-Segura y la cabecera del Tajo por la falta de precipitaciones en el pasado año hidrológico, que, como ocurre en la cuenca del Júcar, está provocando que no se encuentren garantizadas las demandas de agua en la actualidad.

En concreto, permitirá incrementar el agua disponible movilizando recursos no asignados de aguas subterráneas y procedentes de desalinización, así como adoptando medidas administrativas que permitan la reducción de pérdidas en el sistema y el aumento del control de los volúmenes utilizados.

Con la normativa aprobada hoy, se faculta a las Juntas de Gobierno y a los presidentes de ambas confederaciones hidrográficas a modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico.

De esta forma, podrán reducir las dotaciones en el suministro de agua que sean precisas para racionalizar la distribución de los recursos hídricos, modificar los criterios de prioridad para la asignación de recursos a los distintos usos del agua, imponer la sustitución de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado; cambiar las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido para proteger la salud pública, el estado de los recursos y el medio ambiente hídrico, y el de los sistemas terrestres asociados, y cambiar temporalmente las asignaciones y reservas previstas en los planes hidrológicos.