Las tensiones territoriales se evidencian en localidades como Tarragona, donde los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento –PSC, ERC, CIU y PP– acordaron el pasado miércoles mantener las dos alegaciones al proyecto de Ley de Veguerías, que son tener explicitamente la capitalidad y el nombre de la veguería.

Por su parte, el Síndic de Arán, Francesc Boya, ha amenazado con reclamar la independencia del valle si no quedan excluidos de la Veguería del Alt Pirineu. Boya aseguró recientemente que trabajará para que el Valle de Arán tenga el nivel máximo de autogobierno ya que le parece una "contradicción que una Cataluña independentista no entienda la peculiaridad del Arán".

También el alcalde de Lleida, Àngel Ros, manifestó recientemente su desacuerdo con ciertos aspectos del trazado de las veguerías. Entre otras cosas, Ros lamentó que el proyecto "parta en tres trozos" la actual provincia de Lleida, cuyo territorio se repartiría entre tres veguerías: La Plana, el Pirineu y la Catalunya Central.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT también se han mostrado contrarios a la nueva ley, ya que, según han denunciado, el nuevo sistema de organización territorial de Cataluña, establecido en la normativa, tendrá que absorber a los 6.136 funcionarios de las cuatro diputaciones catalanas. Además, lamentaron, asimismo, que no se haya abierto ninguna vía de negociación para con los sindicatos sobre el nuevo sistema territorial.

Aunque, en esta línea, el presidente Montilla adelantaba que el proyecto territorial no conllevaría mayor gasto de dinero ni tampoco más burocracia. "De hecho", dijo, "el número de funcionarios incluso se reducirá en comparación con el sistema actual".

Esta misma semana la prensa se hacía eco de un informe elaborado por el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuando hace seis años era secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, aludía a que la creación de las veguerías, y la supresión de provincias, requeriría la necesidad de reformar la Constitución, un paso que el Gobierno de José Montilla ha obviado.

Entre los partidos políticos catalanes, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ya ha confirmado que su partido no sólo presentará enmienda a la totalidad contra la nueva Ley de Veguerías, sino que además recurrirá el texto ante el Consejo de Garantías Estatutarias.

Además, los nacionalistas de CiU, con mayor implantación en las comarcas catalanas, podrían usar su poder para poner a sus ayuntamientos en contra del proyecto.