Esa estructura de poder territorial administra aproximadamente tres cuartas partes del gasto público y en ella se toman decisiones en ámbitos tan relevantes como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales, pero también en servicios más básicos, como el alumbrado público, la limpieza de las calles, la gestión de las aguas o el estado de las carreteras, entre otros muchos.

Esta estructura territorial es uno de los elementos que están en el centro del debate político: hay partidos que plantean el federalismo y otros que, por el contrario, defienden volver a centralizar algunas competencias; hay formaciones que van más allá y hablan de supresión de las comunidades autónomas o bien de las diputaciones provinciales; también hay propuestas más moderadas que buscan adelgazar la administración mediante la reducción del número de diputados autonómicos o la redistribución de funciones y la eliminación de duplicidades.

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

En España hay un total de 8.117 ayuntamientos, a los que hay que sumar 3.725 entidades locales menores. El mapa de la Administración local se completa con 38 diputaciones provinciales de régimen común, tres diputaciones forales, siete cabildos insulares y cuatro consejos insulares.

De esos 8.117 municipios, 5.700 no llegan a 2.000 habitantes, y de estos últimos hay 4.867 que ni siquiera alcanzan los 1.000. Es decir, que el 60 por ciento de los municipios españoles tiene menos de 1.000 habitantes. Es un mapa que refleja el despoblamiento que ha experimentado el mundo rural. Ángel Sánchez Navarro, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, se refiere a ello en estos términos: “El problema es que los territorios se van despoblando, y eso complica mucho las cosas a la hora de prestar servicios básicos. Y los vecinos que viven en entornos rurales aspiran a tener servicios en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos”.

La cuestión que plantea Sánchez Navarro ?quien, en la actualidad, también es subdirector de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales? es la necesidad de garantizar esta igualdad de derechos a los habitantes de los pequeños municipios, cuyos ayuntamientos no tienen el personal y los medios económicos y técnicos necesarios para prestar los servicios básicos a esa población. Hablamos de servicios como el alumbrado público, la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, la pavimentación de vías públicas o la gestión administrativa y tributaria.

Lógicamente, cuanto menor es la población, más se dispara el coste de esos servicios. Según una información proporcionada por el Gobierno en julio de 2012, el coste por ciudadano en los pueblos con menos de 5.000 habitantes es de 2.613 euros, mientras que en los de más de 100.000 es de 652 euros.

El papel de las diputaciones provinciales y del resto de entidades intermedias entre lo local y lo autonómico es clave a la hora de garantizar dichos servicios en las comunidades pluriprovinciales y en las islas. El profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED Carlos Vidal subraya: “Si se suprimen las diputaciones provinciales, quedarían desatendidas algunas competencias que no podrían asumir los ayuntamientos. Son competencias que afectan a varios municipios o a una parte del territorio. Es bueno que haya organizaciones intermedias entre el municipio y la comunidad autónoma cuando hablamos de comunidades pluriprovinciales; en las uniprovinciales, no”.

Para Sánchez Navarro, la supresión de las diputaciones provinciales tampoco se puede plantear: “Los ciudadanos de Segovia o de Soria tienen clarísimo que la capital de la comunidad está muy lejos como para tener que ir a pedir que se arregle o se limpie una carretera que va de un pueblo a otro. Si no existiera la diputación provincial habría que crear otra estructura territorial que desempeñara las mismas funciones, podría ser una delegación provincial de la comunidad autónoma, pero alguien tendría que hacerlo”.

UN AHORRO NECESARIO

Esto no quiere decir que no sea necesario y posible adelgazar el peso y el gasto de la administración local, que, en su mayoría, se financia mediante transferencias del Estado central –en torno a un 60 por ciento de los recursos que recibe– y, en parte, mediante transferencias de la comunidad autónoma de la que depende –en torno a un 25 por ciento–.

Un informe de PricewaterhouseCoopers y del IE Business School, fechado en junio de 2013, afirma que “el sistema competencial de los entes locales es confuso y genera duplicidades, lo que impacta en la sostenibilidad financiera” y también que “es necesario que ayuntamientos y diputaciones afronten una transformación de sus estructuras, clarifiquen sus competencias y refuercen los mecanismos que garanticen una gestión eficiente de sus recursos”.

Sin embargo, este informe no concluye que las diputaciones provinciales y los entes intermedios deban eliminarse. Muy al contrario, ve en ellos la posibilidad de generar ahorro si asumen competencias que, tradicionalmente, han desempeñado los ayuntamientos. Dice el estudio: “Dada la capacidad de los gobiernos locales intermedios para generar ahorros y economías de escala, se configuran como un elemento clave para definir un nuevo modelo en el campo de la prestación de servicios, tanto a ciudadanos como a ayuntamientos”.

A este planteamiento responde la reforma de la administración local que el Gobierno aprobó en julio de 2013. Esta nueva norma, con la que el Ejecutivo persigue un ahorro de 8.000 millones de euros, refuerza el papel de las diputaciones provinciales, a las que atribuye la coordinación y gestión de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Lo que no plantea la reforma es la supresión de ayuntamientos, ni siquiera la reducción del número de concejales. Todo queda en una simple invitación a que los municipios que lo crean conveniente se fusionen voluntariamente o bien que busquen fórmulas de gestión compartida.

LOS EJEMPLOS DE ITALIA Y FRANCIA

En tiempos de profunda crisis económica, a algunos de nuestros vecinos no les ha temblado el pulso y han tomado decisiones drásticas. Italia ha eliminado 107 administraciones provinciales de régimen común, borrando incluso, la palabra "provincia" de la Constitución, y Francia, por su parte, ha reducido el número de regiones de 22 a 13. En España estas noticias han tenido gran impacto.

Sánchez Navarro responde: “En España, sería el equivalente a reducir comunidades autónomas, pero eso políticamente es muy complicado. Podría ser razonable en algún caso pero ningún político lo dice en voz alta porque los ciudadanos de esas comunidades no le votarían”.

Otra cosa diferente es aligerar el peso de cada comunidad autónoma, empezando por reducir el número de diputados autonómicos, algo que ya se ha abordado en las Cortes castellano-manchegas y que se plantea en otros parlamentos autonómicos como los de Galicia, Baleares o Madrid. “Me parece muy sensato. Si yo pudiera, lo haría en Madrid mañana por la mañana mejor que por la tarde –enfatiza Sánchez Navarro–; la dificultad es que hay que reformar estatutos y eso requiere mayorías cualificadas”.

Vidal también ve otra medida posible: “La reducción del número de diputados autonómicos es una reforma perfectamente viable, tanto en una asamblea autonómica como en una diputación provincial, porque es constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha avalado la reducción de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. Mucho más se puede reducir el número de diputados en una diputación provincial”, concluye el profesor de la UNED.