En una entrevista concedida a Servimedia, Garzón se mostró partidario de “cambiar todas las leyes necesarias” para responder a la demanda de los ciudadanos. “No nos va a valer que lo jurídico sea una excusa para que no se pueda generar una igualdad de trato ante la ley. Habría que impedir que alguien en este país pudiera librarse de la cárcel porque paga dinero. Eso es la privatización de facto de la Justicia: si tienes dinero no vas a la cárcel”.

Garzón se refirió por ejemplo al caso de Cuatrecasas. “Le pillaron, ha pagado 5,5 millones de multa y se ha librado de entrar en la cárcel”. “Me preocupa enormemente que en este país si eres rico y te pillan en un delito puedes librarte de la pena pagando, porque eso los pobres no podemos hacerlo”.

Es preocupante, subrayó, porque al parecer en la lista de personas investigadas por Hacienda no solo están Rato y otros políticos, sino grandes fortunas que pasen desapercibidas cuando son “igual de responsables” que el exministro “porque formaban parte de la misma trama político-económica”.

Garzón subrayó que lo ocurrido en su momento con la lista proporcionada por Hervé Falciani permite visualizar lo que puede ocurrir ahora con los nombres de las más de 700 personas investigadas por Hacienda. Aquella lista, dijio, la conoció el PSOE y después el PP, pero no se conoció hasta que no se filtró a los medios de comunicación, porque no hubo voluntad política de hacer públicos los nombres “de esos delincuentes fiscales” por parte de quienes los conocían.

Contempla la posibilidad de que esa lista pueda ser utilizada con fines electorales, “no me cabe ninguna duda de que ese sería el objetivo del PP”, pero a la vista de lo que ocurrió con la de Falciani es imposible saber si su contenido se conocerá “poco a poco, gota a gota” o de otra forma.

Cree que Rato pudo eludir los controles fiscales “porque los conocía, porque era el vigilante durante mucho tiempo”, y porque era “amigo” de quienes aprobaron la amnistía fiscal a la que se acogió.

Toda amnistía, dijo, está pensada para “perdonar a los delincuentes”, en este caso a “los más peligrosos” de todos los de ámbito económico porque sus delitos “afectan a la supervivencia de los servicios públicos”, pero la gravedad en este caso es que además no se controlaba la procedencia del dinero aflorado.

“Ese dinero podía proceder, simplemente, de una evasión fiscal de alguien que había querido hacer una treta con Hacienda, o podía proceder del tráfico de drogas o de cualquier otra actividad delictiva, porque no se controlaba”, denunció.

Pero, además, se ha demostrado que estaba “diseñada para sus amigos”, para personas que se acogieron a ella y cuyos nombres “por circunstancias probablemente muy ajenas al Gobierno, se han ido conociendo”.

Exige por ello la aprobación de las herramientas jurídicas necesarias par que se puedan conocer esos nombres y para que el Estado actúe de oficio persiguiendo a sus integrantes, no facilitándoles que regularicen su situación, como ocurrió con la de Falciani, “un delito que está siendo investigado por la Justicia” y que además debería comportar responsabilidad política.

Garzón cree demostrado que la Justicia y los instrumentos del Estado tienen “una doble vara de medir en función de si estamos hablando de grandes fortunas o de pequeños contribuyentes”.

Dado que el Gobierno ha “utilizado” e incluso “torcido” las instituciones del Estado en función de sus propios intereses, cuestiona que haya “nueba información relevante” sobre esos defraudadores por los canales oficiales más allá de nuevas filtraciones a los medios de comunicación.

En el PP no hay “manzanas podridas”, dijo, sino “que es el cesto, la estructura, que tiene un comportamiento fundamentalmente mafioso, como banda criminal, que se ha organizado para el crimen, para la delincuencia, en términos de corrupción” y que se está conociendo a través de tramas en las que están implicados “altos dirigentes del PP”.

Casos como el de la caja B “demostrada” en el PP, sentenció, son imposibles si no son gracias a la “complicidad silenciosa de mucha otra gente”. “No es problema de una persona que actúa en solitario, sino que es una trama mucho más amplia, que afecta a toda la estructura” y que en cualquier otro país “normal y democrático” supondría la dimisión en bloque del Gobierno y la convocatoria de elecciones.