En su exposición de motivos, los socialistas subrayan que el Gobierno informó, en su momento, de que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado adoptan las medidas necesarias a facilitar la comunicación con aquellas personas que con discapacidad auditiva y/o del habla acuden a sus dependencias y necesitan un intérprete de lengua de signos”.

En esos casos, según el Ejecutivo, serán los funcionarios que atienden al interesado los que puedan solicitar la intervención de un intérprete o bien la colaboración de la asociación del colectivo de que se trate.

Por todo ello, los socialistas preguntan si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de convenios con los colectivos que representan a personas sordas, así como la cifra de casos que no han podido atenderse en cuerpo y forma, además del número de casos atendidos.