La norma salió adelante con 181 votos a favor, 140 en contra y una abstención. La nueva ley, que entrará en vigor en julio próximo, sustituye a la vigente, que databa de 1992 y que era la llamada ‘Ley Corcuera’.

La nueva regulación sobre seguridad ciudadana, entre otros aspectos, regulariza las ‘devoluciones en caliente’ o el ‘rechazo en frontera’ en lugares como Ceuta y Melilla. Además, prohíbe las redadas indiscriminadas y regula los cacheos.

Además, castiga nuevas conductas, como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera. También tipifica como falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana” en protestas frente al Congreso, el Senado o las sedes de los parlamentos autonómicos.

“BUSCA AMEDRENTAR”

Durante el debate de este jueves en la Cámara Baja, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sostuvo que, cuando entre en vigor, se comprobará que esta norma garantiza mejor la libertad de los españoles. Además, Conrado Escobar, en nombre del PP, dijo que la nueva normativa es un “claro refuerzo a nuestra democracia”.

Por el contrario, todos los grupos de la oposición expresaron su rechazo al texto aprobado este jueves, que volvieron a tildar de ‘ley mordaza’ y que anunciaron que tratarán de derogar la próxima legislatura. En el rechazo a la nueva ley coincidieron PSOE, CiU, PNV, UPyD, ERC, IU, Amaiur, ICV, BNG y Geroa Bai.

En este sentido, José Ignacio Sánchez-Amor, en representación del PSOE, anunció hoy que su partido promoverá la “inmediata derogación” de la ley cuando regrese al poder, puesto que sólo busca “amedrentar” a los ciudadanos tras las protestas registradas en los últimos años contra el Gobierno.

Según este diputado socialista, la futura Ley de Seguridad Ciudadana es “reactiva” contra las protestas ciudadanas y es el “complemento lógico del desmontaje del Estado de bienestar” que, a su juicio, ha promovido el PP esta legislatura. También aludió que a la futura norma sólo le falta una “cláusula anti-pequeño Nicolás”, ya que incorpora otras restricciones que considera se dirigen contra colectivos concretos, como una “cláusula anti-desahucios”.

“DICTABLANDA”

Además, Joan Guillaumes, de CiU, sostuvo que la norma que hoy será aprobada mantiene “un modelo policial propio del siglo XX, por no decir del XIX”, ya que, entre otras cuestiones, no contempla que policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra accedan a bases de datos internacionales, como los de Interpol.

Asimismo, Carlos Martínez Gorriarán, en nombre de UPyD, apuntó que la norma de seguridad ciudadana que se aprueba este jueves es “autoritaria” y propia de “un Estado en transición” o una “dictablanda”.

En cuanto a otros partidos, Joan Baldoví, de Compromis-Equo, tildó la norma de “ley despótica” que la oposición “sepultará” la próxima legislatura. A su vez, Joan Tardà, de ERC, acusó al PP de “institucionalizar el Estado policial” y de dotar a las Fuerzas de Seguridad de “poderes arbitrarios” para proteger a los “buitres especuladores” frente a las protestas ciudadanas.

Por último, Mikel Errekondo, de Amaiur, sostuvo que los populares están extendiendo a toda España las “políticas represoras” que, a su juicio, se vienen usando hace años en el País Vasco y Navarra.