Terminada la investigación, el magistrado cree demostrado que el PP tuvo diversas fuentes de financiación ajenas al circuito legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron entradas y salidas de dinero "al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública".

Así, aunque recuerda que la financiación ilegal de los partidos no está todavía tipificada como delito, Ruz detecta “un sistema de financiación del PP llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática entre los años 1990 y 2008, habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley".

El juez propone llevar a juicio a seis personas: los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente del partido Cristóbal Páez; los dos administradores de la empresa Unifica, Alvaro Urquijo y Belén García; y una empleada de la misma, Laura Montero.

A los seis se les imputan delitos contra la Hacienda Pública. A su vez, a los empleados de Unifica se les acusa del impuesto de sociedades de 2007 y del impago del IVA de 2010.

Asimismo, a los implicados del PP se les acusa por el incumplimiento del impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio. Estas donaciones no podrían tener "la consideración de rentas exentas por no haber cumplido con el criterio de transparencia legalmente marcado".

Los responsables de la formación popular también habrían podido cooperar en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica. Los delitos de falsedad contable y delitos electorales habrían prescrito.

APROPIACIÓN INDEBIDA

Además, a Bárcenas y Lapuerta se les imputa el delito de apropiación indebida, por incorporar al patrimonio del primero determinados fondos del PP que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de 'Libertad Digital'. Lapuerta también dispuso, según Ruz, de fondos en efectivo procedentes de la caja B que no retornó posteriormente a la misma, con el conocimiento y anuencia de Bárcenas.

A los responsables de Unifica el juez les atribuye el delito de falsedad documental. Como presuntos responsables civiles subsidiarios de todos los delitos, señala al PP y a Unifica.

El magistrado incoa pieza separada y se inhibe en favor de un juzgado de Toledo en lo que respecta a la investigación sobre el expediente de limpieza de Toledo por el que se adjudicó a Sufí el servicio de basuras.

Ruz aprecia indicios de prevaricación, pero no ve elementos indiciarios suficientes que justifiquen la investigación de aforados, cuya competencia seria del TSJ de Castilla-La Mancha. Según explica, el propio relato de Bárcenas desvincula en este caso las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr de la mecánica de funcionamiento de la ‘caja B’.

Finalmente, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para los 22 restantes imputados, entre ellos empresarios y el ex secretario general del PP Ángel Acebes. Ruz cifra en 1.552.000 euros el pago total realizado a Unifica en dinero negro por las obras en la sede de la formación popular.