En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 8.786.802 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 2.562.153, lo que significa una reducción del 4,5% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2013.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy su informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el año 2014.

Se han observado incrementos del 10,5 por ciento en el número de ingresos en la jurisdicción Civil y un 8,2 en la contenciosa, mientras que la Penal ha presentado una disminución del 2,1 por ciento y la Social, del 8,8 por ciento.

La jurisdicción Civil ha presentado el mayor incremento en el número de asuntos ingresados respecto a 2013. Los 1.845.173 asuntos ingresados representan un 10,5% de incremento interanual. Se han resuelto 1.858.581, quedando en trámite 1.009.392.

En la jurisdicción Penal han entrado 6.173.019 asuntos, con una disminución del 2,1 por ciento, habiéndose resuelto 6.281.891 y quedando en trámite 974.878 asuntos.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 206.700 nuevos asuntos, con un incremento del 8,2 por ciento. Se resolvieron 234.218 y están en trámite otros 231.672.

La jurisdicción Social ha tenido una disminución del 8,8% por ciento en los asuntos ingresados, con 427.966 nuevos casos. Se han resuelto 411.818 y han quedado tramitándose 346.105 expedientes.

ANDALUCIA, MADRID Y BALEARES, EN CABEZA

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 43,7 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Andalucía (218,2), Madrid (203,8), Illes Balears (198,5), Canarias (195,9,), Cantabria (193,3), Murcia (192,1) y Comunidad Valenciana (190,2). Las comunidades con tasa de litigiosidad más bajas fueron La Rioja (117,4), País Vasco (127,0) y Extremadura (143,2), según cálculos realizados sobre las cifras de población del INE a 1 de enero de 2014.

El Consejo General del Poder Judicial también ha hecho público su Informe sobre los indicadores clave de la Justicia en 2014, en los que destaca la reducción en el tiempo de respuesta judicial, ya que la duración media estimada de un proceso en primera instancia ha descendido de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en la segunda instancia el descenso ha sido más acusado, pasando de los 5,2 meses de media estimada en 2013 a los 4,6 del pasado año.

En el Tribunal Supremo, la duración media estimada de un proceso judicial es de 11,1 meses, reduciéndose en 0,2 puntos respecto al año 2013.