Spottorno, que gastó 223.900 euros, explicó al juez que recibió el plástico en el momento en que fue nombrado gerente de la Fundación de la caja de manos de Sánchez Barcoj. En ese momento le dijeron que se trataba de una tarjeta de libre disposición y uso personal.

El antiguo jefe de la Casa del Rey indicó que trataba de agotar el límite de gasto autorizado y que sólo un año después de recibir el plástico se enteró en una conversación casual de que otros directivos podían hacer extracciones en metálico. Fue entonces cuando pidió el correspondiente número PIN para sacar efectivo de los cajeros.

Aseguró que estaba convencido de que se trataba de una retribución y que la caja se encargaba de regularizar el gasto con Hacienda y que las cantidades estaban consignadas en el correspondiente certificado de retenciones. Asimismo, insistió en que confía en que el proceso judicial le dé la razón.

A su salida de la sede judicial, una veintena de preferentistas le esperaban unos metros más allá de la puerta de la Audiencia. Uno de ellos propinó un golpe con una pancarta al taxi que le transportaba y todos corearon gritos de “ladrón” y abucheos a su paso.

Por su parte, Carmen Contreras, que dirigía la auditoría interna de la entidad, aseguró al juez que desconocía dónde se contabilizaban los gastos de las tarjetas de consejeros y directivos, pese a ser responsable del control contable interno y de ser titular de uno de los plásticos corporativos.

Además, hoy también declaró como testigo el que fuera secretario de la Comisión de Control de la caja Vicente Espinosa, quien dijo ante el juez que en la mayoría de los casos las tarjetas se entregaban a sus destinatarios en un sobre cerrado que se depositaba sobre su mesa.

REINTEGRO

Además, hoy también declaró el exconsejero ejecutivo de Caja Madrid Matías Amat, que gastó un total de 431.000 euros con sus tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia y devolvió 42.042 euros correspondientes a esta última entidad. Dijo al juez que espera que se le reintegre esta cantidad, puesto que se trataba de gastos de libre disposición.

Este es uno de los aspectos de la declaración del exdirectivo de la caja, según explicó el abogado de UPyD personado en el caso, Andrés Herzog, que estuvo presente durante la declaración.

Según dijo tras oír a seis de los imputados citados para declarar hoy, ninguno de ellos ha dado muestras de “arrepentimiento alguno” por el uso hecho de sus tarjetas corporativas por más de 15,5 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu culmina hoy los interrogatorios por el escándalo de las tarjetas opacas con la toma de declaración a los 13 últimos imputados, entre ellos el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, que gastó con su visa 223.900 euros.

Además de Spottorno, comparecieron Amat, uno de los hombres de confianza de Miguel Blesa, así como el exdirectivo propuesto por CCOO Gabriel María Moreno (20.400) o el integrante de la Comisión del Control a instancias del PP Jorge Rábago (8.000).

También estaban citados el exdirector de Organización de Caja Madrid Ricardo Morado (448.300); el ex director general de Banca Comercial de la entidad Ramón Ferraz (397.860); el expresidente de NH Hoteles Mariano Pérez Claver (379.500) y el exdirector de Comunicación de la caja Juan Manuel Astorqui (292.993).

Por último, estaban convocados el ex consejero ejecutivo Carlos María Martínez (276.000); la ex directora gerente de la Obra Social Carmen Contreras (266.800); el exresponsable de créditos a empresas Carlos Vela (249.200); el exresponsable de Riesgos Ramón Martínez Vilches (91.200) y el expresidente de Inversis Luis Enrique Gabarda (139.700).

El magistrado ha interrogado esta semana a 37 exdirectivos, que se suman así a los 27 exconsejeros que desfilaron por la Audiencia Nacional hace solo dos semanas, así como a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que comparecieron en octubre.

De esta forma, Andreu ha citado en total a 67 de los 82 usuarios de las tarjetas opacas que cargaron 15,5 millones entre 1999 y 2012, dos de los cuales -Mercedes de la Merced y Pedro Bugidos- han fallecido, mientras que para el resto al parecer han prescrito los hechos al haber transcurrido más de diez años desde el último movimiento efectuado con la visa.