La federación reiteró que “el papel fundamental para la materialización de esta normativa está en manos de los ayuntamientos de la región”, que tendrán hasta el 24 de diciembre de este año para adaptar sus tarjetas y ordenanzas, dado que la regulación del uso de las tarjetas de estacionamiento para PMR es municipal.

Con esta normativa unificada autonómica, en base a la estatal, según Famma, se da respuesta a una “demanda importante” del colectivo de personas con discapacidad, dado que hasta el momento se producían "disparidades" en la concesión y uso de estas tarjetas entre los distintos municipios, que provocaban que personas con movilidad reducida fuesen “multadas injustamente o que la grúa les retirase el vehículo”.

En virtud de la normativa que ha impulsado la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos deberán ahora reflejar en sus respectivas ordenanzas “las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro de actividad”, en base al artículo 5 del citado real decreto estatal, así como establecer las condiciones para la reserva de este tipo de plazas en los lugares próximos al trabajo o domicilio de las personas con movilidad reducida, según el artículo 7 del mencionado real decreto.

“FIN A LA DISPARIDAD NORMATIVA”

También deberán reservar plazas de estacionamiento en servicios y establecimientos sanitarios y, en el caso de que no apliquen la exención de tarifas en las zonas de estacionamiento limitado para los titulares de tarjeta de estacionamiento PMR, deberán garantizar que se cumpla la cuota mínima de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.

Por otro lado, la normativa indica que los núcleos urbanos “deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo".

A juicio de Famma, esta normativa estatal, incorporada a la de la Comunidad y próximamente a las ordenanzas de los ayuntamientos de la región, pondrá “fin a la disparidad normativa existente”.