En rueda de prensa, Granado aseguró que el Gobierno era consciente de la trascendencia mediática que tendría su propuesta de retrasar la edad legal de jubilación, pero explicó que el Ejecutivo ha querido abrir el debate y "no pasarle la pelota al siguiente Gobierno, como hizo Aznar con nosotros".

En este sentido, recordó que el documento elaborado por el Ejecutivo es una propuesta "abierta" al debate, primero en la comisión sobre el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados y, a continuación, con los agentes sociales.

El secretario de Estado hizo hincapié en que la decisión de presentar una propuesta para la reforma de las pensiones no es del Gobierno, sino que es un mandato de la comisión parlamentaria.

"Fue el Parlamento quien decidió que la comisión discutiera sus conclusiones en febrero de 2010", señaló, y añadió que también fueron los diputados los que pidieron al Ejecutivo "una propuesta concreta" para la reforma.

Granado reiteró que el documento "busca el acuerdo", ya que considera que tanto los partidos políticos como los agentes sociales "tenemos el mismo objetivo", que es lograr que el Sistema de pensiones sea sostenible y que "pueda soportar el envejecimiento de la población".

Para alcanzar esta meta, Granado considera que el método es compartido por todos y se centra en conseguir retrasar la edad real de jubilación en España. Sin embargo, apuntó que para llegar a este fin "se puede discutir cómo hacerlo".

El secretario de Estado explicó que el Pacto de Toledo fijó en 1995 el objetivo de "avanzar" en que la edad real de jubilación se aproxime a la cifra legal.

Sin embargo, admitió que el Sistema seguiría teniendo dificultades a largo plazo si la edad real se ajustase a los 65 años. "No parece sostenible", dijo.

Por esta razón, el Gobierno ha propuesto el retraso de la edad legal de jubilación y el secretario de Estado advirtió de que, si no se adopta esta medida, habría que buscar "soluciones alternativas", que podrían pasar por la rebaja de la cuantía de las pensiones.

Sin embargo, dejó claro que el Ejecutivo prefiere retrasar la edad antes que reducir la cuantía.