Los expertos son Maina Kiai, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Ben Emmerson, relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; François Crépeau, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, y Michel Forst, relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos.

“Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar en la legislación nacional el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales”, señalaron los relatores especiales a través de un comunicado.

Los expertos de la ONU indicaron que “los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”. “Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España”, añadieron.

TERRORISMO

Subrayaron que la propuesta de reforma del Código Penal “incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”.

Por ejemplo, trata como ‘circunstancia agravante’ que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una ‘reunión numerosa’. “Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de ‘circunstancias agravantes’ para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional, ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”, recalcó Maina Kiai.

Además, comentaron que el texto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, ante lo cual David Kaye apostilló que “la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.

Por otra parte, los expertos de la ONU calificaron de “excesivamente amplias e imprecisas” la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de ‘incitación y enaltecimiento’ o ‘justificación’ del terrorismo incluidas en el texto de la reforma del Código Penal.

“Tal como está redactado, la ley antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”, recalcó Kaye, quien advirtió de que la norma “podría, además, permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en Internet”.

‘LEY MORDAZA’

Por otro lado, Kiai apuntó que “la llamada ‘ley mordaza’ (proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo”.

“Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas, como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”, añadió Kaye.

Además, los expertos afirmaron que las disposiciones relativas al régimen especial de Ceuta y Melilla “podrían permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

“Considerando el impacto que podrían tener este tipo de leyes sobre los derechos y libertades fundamentales, deben ser redactadas con cuidado y no pueden ser adoptados de forma precipitada”, concluyeron los relatores de la ONU.

Las advertencias de Kiai y Kaye fueron respaldadas por otros tres relatores especiales de la ONU: Ben Emmerson (lucha contra el terrorismo), François Crépeau (derechos humanos de los migrantes) y Michel Forst (situación de los defensores de los derechos humanos).