Uno de los objetivos de la nueva norma es el fomento de la participación de los accionistas en las juntas. En este sentido, Georgeson, uno de los 'proxy solicitors' más importante del mundo, ha elaborado, junto con Cuatrecasas, un análisis sobre cuál fue el comportamiento de los inversores institucionales en 2014 y cuál será en esta sesión de juntas.

En concreto, se han analizado los requerimientos de 70 inversores institucionales en materia de gobierno corporativo. De estos, el 84 por ciento exigen diversidad en los consejos de administración, algo a tener en cuenta ya que el nuevo Código de Buen Gobierno que verá la luz esta semana sugiere una presencia de mujeres del 30 por ciento.

El informe destaca que el mayor interés de los inversores norteamericanos supone que los temas relacionados con el Comité de Auditoría y los asuntos relativos a la administración de riesgos cobrarán especial relevancia durante la temporada de juntas. Mientras, se verá un ligero descenso en la preocupación de la combinación de los roles de los presidentes de los consejos de administración y consejeros delegados, aunque permanecerá un nivel significativo de voto en contra para aquellas sociedades que no tengan suficientes medidas de contrapeso.

En concreto, de los inversores analizados el 92 por ciento exigen la separación entre ambas figuras. Además, el 69 por ciento son partidarios de que el presidente del Consejo tenga la categoría de independiente.

Las crisis sucesorias que se han vivido últimamente han hecho que cada vez más estén preocupados por conocer si existen o no planes de sucesión de los máximos responsables de las compañías. Esto queda reflejado en el dato de que el 68 por ciento de los inversores reclaman el establecimiento de un plan sobre la materia.

Respecto a las comisiones, el 16 por ciento sugiere una Comisión de Riesgos, si bien el porcentaje sube al 80 por ciento al considerar que debe haber una política de administración de riesgos por parte de las empresas.

Una inmensa mayoría, el 93 por ciento, defiende que la Comisión de Auditoría esté formada en su mayor parte por consejeros independientes. El porcentaje es el mismo respecto a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Tan sólo el 5 por ciento de los inversores exigen comisiones separadas de Nombramientos y Retribuciones.

La ley establece que una de las competencias indelegables de los consejos es la de la responsabilidad social corporativa (RSC). Esto coincide con la apreciación de los inversores, ya que el 78 por ciento considera que los consejos deben responder de la política de responsabilidad social, mientras que el 32 por ciento considera que no.

El creciente interés por las políticas de RSC supone que para la redacción del nuevo Código de Buen Gobierno se haya constituido un grupo de trabajo específico y ocupe una parte significativa de las nuevas recomendaciones establecidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.