En un comunicado, la ONG señala que esta semana los profesionales del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid fueron informados de que más de 6.000 menores nacidos después de la entrada en vigor del Decreto Ley 16/2012 habían sido borrados del sistema informático con el que se hacen las citas sanitarias.

Según SOS Racismo, en una circular del Servicio Madrileño de Salud se avisaba al personal sanitario de que se había reducido la caducidad de la atención primaria de los ‘transeúntes recién nacidos’ (recién nacidos que aún no han regularizado su situación en el sistema de salud) de un año a 90 días.

Esta medida provoca que de forma automática todos los registros de menores no regularizados se borren de la base de datos y pasen al histórico. Como consecuencia, “decenas de niños de entre tres meses y tres años han sido privados de atención primaria normalizada por una decisión administrativa arbitraria y discriminatoria”, sostiene SOS Racismo.

La ONG denuncia que esta medida afecta a los hijos de los inmigrantes, y de manera especial a aquellas personas que se encuentran en situación irregular. “El nuevo plazo de 90 días es claramente insuficiente para regularizar la situación sanitaria de estos menores y genera graves situaciones de desamparo”, asegura.

MEDIDA DISCRIMINATORIA

Para SOS Racismo, la medida sigue “la senda discriminatoria del RDL 16/2012, que impulsó la ex ministra Mato que excluyó a más de 800.000 personas del sistema público de salud, dividió a las personas entre pacientes de primera y de segunda, y puso en riesgo la salud de miles de niños en la Comunidad de Madrid”.

Por ello, exige que el Servicio Madrileño de Salud corrija “inmediatamente este grave error administrativo y garantice el derecho a la asistencia sanitaria integral y gratuita a todos los menores de la Comunidad de Madrid, con independencia de la situación administrativa de sus progenitores”.

“Ningún derecho fundamental debe ser entorpecido por procedimientos administrativos injustos”. Por último, la ONG, una vez más, pide la derogación del “trágico” RDL 16/2012 y defiende un sistema sanitario público, universal y gratuito para todas las personas que viven en España, sea cual sea su situación administrativa.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia que dice que todos los menores extranjeros 'sin papeles' tienen derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales como los menores españoles.