El portavoz de APM, Pablo LLarena, manifestó a Servimedia que el Supremo ha atisbado "indicios suficientes" que indican que los expresidentes autonómicos podrían haber cometido delito en el ‘caso ERE’.

Sin embargo, sostuvo que es necesario que se concreten las imputaciones de Chaves y Griñán, ya que hay que esperar a una investigación dónde se “determine, corrobore o desmienta si verdaderamente cada uno de los que están ahora imputados en este caso ha participado en los delitos por los que se les pueda acusar”.

En cuanto a si deberían dimitir sin que aún estén concretas las causas de delito por las que se les imputa a los expresidentes andaluces, Llarena sostuvo que "una imputación inicial no está regulada en la ley como que el imputado tenga que dimitir", ya que añadió que "la ley no impone ni ningún tipo de acción concreta". "La dimisión tiene que ser administrada de forma personal”, concluyó este representante de magistrados.