De esta forma, ambas entidades se comprometen a fomentar la contratación pública responsable mediante el desarrollo de un programa de formación que dé respuesta, además, a la medida número 38 de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020.

Esta medida establece la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculadas al objeto del contrato, garantizando que en todos los niveles de la Administración Pública se conozcan y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico actual, tanto nacional como internacional, sobre contratación pública.