La protesta, convocada por Greenpeace, la plataforma No somos Delito, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y las Marchas de Dignidad 22-M, entre otros colectivos, reunió a centenares de personas desde la plaza de España hasta la Puerta del Sol, donde se leyó un manifiesto, hubo un grito mudo con mordazas y La Solfónica cerró el acto con el ‘Canto a la libertad’ de José Antonio Labordeta.

Las organizaciones convocantes se celebraron en el marco del día de los enamorados, al que cambiaron el nombre por el de ‘día de los AMORdazados’. Con el león del Congreso de los Diputados ‘enjaulado’ y ‘amordazado’, activistas de Greenpeace quisieron mostrar un símbolo de la restricción de las libertades civiles que, según la organización, encierran tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal.

Para esta organización, ambas normas “restringen el derecho de libre expresión y manifestación y penalizan a los ciudadanos y colectivos que enfrentan los problemas sociales, económicos y ambientales derivados de la crisis socioeconómica actual”.

Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace, señaló que “el Gobierno sigue empeñado en acallar la voz del pueblo, amordazando las voces discrepantes y multando a la ciudadanía que no se resigna a la realidad que estamos viendo”. "Este león es una imitación y la jaula es de mentira, pero si se llegan a aprobar estas reformas vamos a tener que enfrentarnos a un sistema legal propio de otros tiempos", añadió.

"ENORME INSEGURIDAD JURÍDICA"

Greenpeace denunció la ”enorme inseguridad jurídica” que generan ambas normas, ya que aseguró que “muchos de los hechos susceptibles de ser sancionados carecen de una descripción clara que permita saber qué conductas serán castigadas, lo que crea un terreno sembrado para la arbitrariedad de la Administración”.

“Desde Greenpeace consideramos una obligación ciudadana cuestionar el actual estado de cosas a través del ejercicio de los derechos fundamentales y, llegado el momento, desde la desobediencia y la acción pacífica”, indicó Soto, quien apuntó que “lo que hay que cambiar no son los derechos civiles de los ciudadanos, sino la dura realidad social, política y económica que estamos padeciendo”.