La iniciativa está impulsada por los diputados Joan Coscubiela y Laia Ortiz, de ICV, y presentada en nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural.

Subrayan que la pobreza energética afecta a más de cuatro millones de personas en España con efectos “devastadores” no solo de endeudamiento sino de salud, ya que, por ejemplo, el Observatorio para la Sostenibilidad estima que en 2011 esa carencia fue responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras.

Argumentan que España es el país de la UE a 27 con los precios de la electricidad más caros después de Malta y Chipre. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura se había encarecido un 105,1%, y según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el precio del gas se había incrementado el 22%, el del agua el 8,5% y el de la bombona de butano el 23%.

La reforma energética del Gobierno ha empeorado la situación de quienes menos consumen, denuncian, al aumentar el término fijo de la factura un 18%.

Los diputados de ICV recuerdan que la fiscalidad debe servir para que quienes más tienen contribuyan más y quienes menos tienen paguen menos, y consideran que una política fiscal justa y progresiva pasa por incrementar los impuestos directos en función de la renta, y no por impulsar “incrementos indiscriminados” de los impuestos directos, como el IVA.

Proponen por ello una rebaja de los tipos de IVA aplicados a los servicios básicos, “conscientes de que no es una solución al problema de fondo, pero que puede contribuir a reducir barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades”.

En el caso del precio de la energía, señalan que en la Zona Euro solo Eslovenia, Portugal y Finlandia tienen un IVA superior a España, y recuerdan que la Directiva permite a los estados aplicar tipo reducido a los suministros de gas natural, electricidad y calefacción urbana “siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia”, por lo que se puede bajar del 21% actual al 10%.

En cuanto al agua, que se grava en España con el 10%, argumentan que solo Estonia, Eslovaquia y Finlandia tienen tipos impositivos más altos, y que la Directiva permite incluirlo en el reducido, por lo que bastaría un “simple cambio de redactado” en la Ley de IVA para bajar la tributación al 4%.

También en el caso del transporte público, gravado con el 10% y que se está encareciendo “desproporcionadamente”, hay margen legal para bajarlo y es simplemente “cuestión de voluntad política”.

Los diputados de ICV consideran que la situación de pobreza energética “necesita de soluciones de manera urgente, y un cambio de actitud por parte del Gobierno, que hasta el momento se ha negado a llevar a cabo ningún tipo de actuación”, lo cual contrasta, denuncian, con la celeridad con la que modificó la tributación aplicable a las entregas de objetos de arte para pasarla del 21% al 10%.