Al otorgar validez al convenio, la Audiencia reconoce que son las administraciones educativas las que deben hacerse abonar todas las cargas salariales del profesorado de la enseñanza concertada, siempre con el límite que establezca la Ley de Presupuestos del Estado.

El fallo anula en cambio parte de un artículo que regulaba los contratos por obra y servicio y la existencia de dos salarios diferenciados para el personal de primer ciclo de Educación Infantil.

En sendas notas de prensa, Escuelas Católicas y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) manifestaron su “satisfacción” con el dictamen.

Según Escuelas Católicas, el pago de lo que deja de abonar la Administración hace “inviable el sostenimiento” de muchos centros, por lo que la confirmación de que debe ser ésta la que se haga cargo “les permite seguir trabajando con mayor tranquilidad”.

“Esta sentencia devuelve además la estabilidad al sector, lograda tras un largo período de negociación”, agregó.

Por último, lamentó la impugnación de CCOO, y acusó al sindicato de “buscar protagonismo en un año de elecciones sindicales”.