En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales denuncian que esta sentencia “reafirma la subordinación” a consideraciones de “mera discrecionalidad política” de los derechos a la estabilidad en el empleo, al trabajo, a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de los trabajadores”.

En concreto, critica el respaldo del Constitucional al “despido libre durante el periodo de prueba en los contratos de apoyo a emprendedores” o a la justificación de los ceses en “una mera reducción de facturación o ingresos”.

Asimismo, hacen hincapié en el “desmantelamiento sistemático” del modelo de negociación colectiva, que “lamentablemente, no ha sido corregido por el Tribunal Constitucional”.

En su opinión, esta sentencia legitima que “sea la voluntad unilateral del empresario la que pueda sustituir y dejar sin efecto los pactos y acuerdos de empresa”. También critica que el tribunal admita “la preferencia incondicional del convenio de empresa para ser utilizado como vía de rebaja de los costes salariales sin exigir ninguna justificación ni problemas económicos a la empresa.