Madrid. IU pide gratuidad en espectáculos y transportes públicos para el asistente personal de personas con discapacidad

MADRID
SERVIMEDIA

El diputado de IU de la Asamblea de Madrid Joaquín Sanz defenderá en el próximo Pleno parlamentario una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a “poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para garantizar el libre acceso de los asistentes personales" de personas con discapacidad a todos los bienes y servicios a los que tienen derecho, incluidos los espectáculos públicos y transportes, en las mismas condiciones que las personas a las que dan apoyo, sin ningún tipo de coste para el usuario del servicio.

Sanz explicó a Servimedia que es “lógico” que si una persona con alguna discapacidad tiene que necesitar ayuda de otra para desplazarse o asistir a cualquier tipo de actos, “no pague nada su asistente, ya que sería un gasto añadido”.

En la exposición de motivos de la citada iniciativa parlamentaria de IU, a la que tuvo acceso Servimedia, se informa de que el asistente personal es una “persona que ayuda a otra a desarrollar su vida”.

“Es por tanto aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su situación, bien sea por una diversidad funcional o por otros motivos, no puede realizarlas por sí misma”, añade Sanz en su propuesta.

Asimismo, en la iniciativa se indica que “esta persona puede acudir regularmente a un trabajo, estudiar, viajar, ir al cine, ir de compras o llevar a sus hijos al colegio y para ello necesita el apoyo de otra persona que le ayude".

A su juicio, “la asistencia personal se ha revelado como la mejor alternativa para la integración y el desarrollo de la persona en su entorno y es la única que permite decidir a la persona quién, cómo y cuándo le asiste”.

Tras exponer que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU forma parte de la legislación española desde el 21 de abril de 2008, fecha en la que fue publicada en el BOE y entró en vigor el día 3 de mayo de ese mismo año, el autor de la propuesta expone que en su artículo 1 se habla de “garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos y el respeto a su dignidad inherente”.

“En particular, reconoce explícitamente el derecho a la vida independiente y obliga a los Estados a proporcionar la asistencia personal necesaria para hacer vida en comunidad, con plena participación social y en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía”, según Sanz, quien considera que “en la actualidad, estos asistentes personales, imprescindibles para hacer efectivo los derechos antes mencionados, se encuentran con la dificultad, en igualdad de condiciones que las personas a las que dan apoyo, en el acceso a los servicios públicos”.

(SERVIMEDIA)
27 Ene 2015
SMO/gja