Así lo anunció el secretario general de ERC, Joan Ridao, quien explicó que el partido ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para dejar sin efecto la resolución de 23 de diciembre del 2009, por la cual se abría la convocatoria pública para la selección de candidatos a acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, porque "tiene vicios jurídicos muy claros".

En primer lugar, según Ridao, incumple el Real decreto del 23 de junio de 2006 en el que el Gobierno español se comprometía a tener en cuenta las comunidades afectadas. "Nadie discute la competencia del Estado en esta materia, pero se debe hacer con diálogo y con la colaboración de las comunidades autónomas", subrayó.

En segundo lugar, explicó, también incumple el informe de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, de 2005, que explicita que la instalación de un cementerio nuclear requiere el establecimiento de mecanismos de información y participación por obtener consenso político y social.

En este sentido, Ridao aseguró que "la decisión de Ascó no acaba aquí" y que ERC apelará a este consenso territorial e institucional necesario para tomar una decisión de estas características.

"El gobierno español se ha precipitado en una decisión que en otros países ha necesitado décadas", apuntó el dirigente independentista, "y, además, ha empezado este debate por el tejado".

Por este motivo, ERC pidió que no se emprenda un nuevo procedimiento hasta que no se hayan evaluado previamente los efectos en el medio ambiente y se haya elaborado un programa por determinar la vida útil de las centrales nucleares.

"Cataluña ha pagado ya su peaje, puesto que ha acogido en su territorio tres centrales nucleares, produce el 40% de la energía nuclear del Estado y sólo consume el 17%", apuntó Ridao.