Según explicó la coalición, Lara decidió enviar esa carta a Rajoy después de visitar a primera hora de la mañana a los trabajadores acampados a la puerta de las instalaciones que la compañía Casbegal Iberian Partners mantiene cerradas en la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Allí recibió información de primera mano sobre el "endurecimiento" de la posición de la empresa y sobre la difícil situación de los trabajadores, que ni cobran su salario ni pueden cobrar el paro.

Lara pide por ello a Rajoy que "desde los poderes del Estado se obligue a la compañía" a cumplir la sentencia judicial que echó abajo el ERE, que se proteja a los trabajadores que están protestando y exigiendo el cumplimiento de esa resolución, y que se impida el desmantelamiento de la planta.

Esa sentencia afecta a unas 350 familias, y Lara denuncia que desde el Estado no solo no se obliga a la multinacional a cumplirla, "sino que se permite la utilización de la Policía Nacional para colaborar en el desmantelamiento de la fábrica, protegiendo a los que incumplen la sentencia judicial y agrediendo a los trabajadores que solamente defienden sus empleos y el acatamiento de la resolución dictada por la Audiencia Nacional".

Lara asegura que diversos cargos públicos de la coalición fueron testigo el pasado jueves de las "injustificables" y "absolutamente condenables" agresiones policiales a trabajadores acampados, por lo que ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El dirigente de IU relata a Rajoy que él mismo ha sido testigo de la presencia de varias decenas de guardias de seguridad alrededor de la planta con unidades caninas que tenían "una clara labor intimidatoria" sobre los trabajadores, hechos que no se entienden si no es "como una intención clara y manifiesta por parte de la empresa de disuadir a los empleados de Coca-Cola de su propósito de seguir reclamando justicia a las puertas de la fábrica y evitar su desmantelamiento".