“El Colegio de Farmacéuticos desea expresar su más firme condena y rechazo, de confirmarse estas actuaciones, que vulneran la legislación farmacéutica, suponen un delito fiscal y pueden entrañar además un riesgo de desabastecimiento de medicamentos para la población, generando problemas de salud pública”, aseveró la entidad en un comunicado.

Asimismo, el COFM ofreció a las autoridades sanitarias y judiciales y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado su “máxima colaboración” con el objetivo de esclarecer y eliminar este tipo de prácticas de la red de más de 2.800 oficinas de farmacia de la región madrileña.

A este respecto, el presidente del colegio, Luis González Díaz, consideró que la distribución inversa de fármacos por parte de algunas oficinas de farmacia “debe ser tipificada como un delito”, y pidió que se actúe con “rapidez y contundencia contra sus responsables, porque no podemos permitir que la actuación de unos pocos mine el prestigio profesional, el buen hacer de todo un colectivo y la confianza depositada por la sociedad en la farmacia española”.