Además de a Martitegi, Garzón procesó por este atentado al último jefe del “comando Vizcaya” de ETA, Arkaitz Goikoetxea, y a uno de sus subordinados, Aitor Arteche. El magistrado imputa a los tres etarras dos delitos de tentativa de asesinato terrorista así como delitos de estragos, robo con fuerza de vehículo a motor y depósito de explosivos.

En el auto dictado hoy, el juez de la Audiencia Nacional señala que el 23 de agosto de 2007, siguiendo órdenes del que fuera máximo responsable militar de ETA Garikoitz Aspiazu, alias “Txeroki”, los tres etarras robaron una furgoneta en un aparcamiento de la localidad de Mungía (Vizcaya), un vehículo que posteriormente cargaron de explosivos.

En la madrugada del día siguiente, Goikoetxea y Martitegi trasladaron la furgoneta hasta Durango mientras Arteche viajaba en otro vehículo haciendo labores de “lanzadera”, es decir, adelantándose a sus compañeros para detectar y alertar sobre cualquier tipo de presencia policial.

Una vez en el pueblo, sobre las 03.30 horas, los etarras aparcaron la furgoneta junto a la fachada principal del cuartel de la Guardia Civil, orientando el vehículo hacia la puerta de acceso al edificio “con el fin de causar los mayores daños posibles”, señala el escrito de Garzón.

La furgoneta-bomba hizo explosión a los pocos minutos hiriendo de gravedad a dos guardias civiles que se encontraban de servicio y provocando cuantiosos daños materiales en el edificio, unos desperfectos valorados en más de un millón de euros.

Los terroristas huyeron del lugar de los hechos en el vehículo “lanzadera”, un coche que hicieron poco después en un aparcamiento de Amorebieta (Vizcaya).

Garzón se basa su relato de los hechos en “los múltiples informes periciales”, en especial en las pruebas de ADN que sitúan a Martitegi y Goikoetxea en el vehículo “lanzadera”, así como en las declaraciones que realizó este último etarra ante la policía tras ser detenido.

ETA EN PORTUGAL

El auto señala además que el vehículo utilizado por Arteche había sido alquilado en mayo de 2007 en Lisboa. Garzón destaca que Martitegi y Goikoetxea fueron los etarras que se desplazaron en esas fechas a Portugal “con la intención de establecer una base logística permanente de ETA cumpliendo instrucciones de ‘Txeroki’”.

Por último, el magistrado impone a los tres etarras una fianza solidaria de un millón y medio de euros para que puedan hacer frente “a las responsabilidades civiles que puedan derivarse”.