Según los datos facilitados por el Tribunal Supremo, en el 83% de los casos, el tribunal de última instancia confirmó las decisiones previas de la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

El despido colectivo por decisión directa del empresario, sin necesidad de autorización administrativa previa, aunque sí de una tramitación reglada, con el necesario aporte documental, y de un período de consultas así como de una negociación de buena fe con la parte social, entró en vigor en febrero 2012 dentro de la reforma legal efectuada en aquel momento.

Como resultado, en las sentencias dictadas por la Sala sobre despido colectivo se han declarado ajustados a derecho 31 de los despidos enjuiciados, otros 9 no ajustados a derecho y 18 nulos, en estos se agrupa como un solo supuesto la serie relativa a consorcios de empleo por la identidad de las situaciones resueltas.

De estos últimos, en los que se reconoce el derecho a la readmisión de los trabajadores despedidos, sin opción empresarial de indemnización, en cinco ocasiones se ha apreciado fraude de ley, en otras cinco había vicios de procedimiento de importancia relativos al período de consulta; en cuatro de los recursos se ha estimado que concurría grupo irregular de empresas; en dos ocasiones vulneración de derechos fundamentales (huelga y libertad sindical) y en otros dos falta de la documentación necesaria para una negociación efectiva durante el período de consultas.

En la mayoría de las sentencias se confirma aquella previamente dictada por la Audiencia Nacional o por el Tribunal Superior de Justicia. En concreto ha sido así en el 83% de los casos.

En las sentencias desestimatorias de los recursos, el porcentaje mayoritario corresponde a recursos intentados por la representación laboral, mientras que los recursos de empresas que son desestimados representan un 37%, teniendo en cuenta que son mayoría las ocasiones en que recurren los trabajadores.

Por su parte, los recursos estimados a empresas y trabajadores lo son en igual proporción, ya que la mitad aproximadamente son recursos interpuestos respectivamente por cada una de las representaciones laboral y empresarial.

La Sala, que decidió resolver en el Pleno esta materia por su trascendencia social y por la novedad de la normativa aplicada, ha dictado un total de 79 sentencias en recursos de casación relativos a procedimientos de esta naturaleza, sentencias que afectan a un total de 11.900 trabajadores.