Esta asociación entiende que el actual CGPJ se constituyó en un contexto que dificultaba especialmente el cumplimiento de las funciones constitucionales que tiene asignadas. Tras una reforma legal que “redujo al máximo sus competencias”, sus integrantes fueron elegidos a través de “un reparto de cuotas entre los principales partidos políticos”.

Además, denuncia que “su presidente, Carlos Lesmes, fue nombrado tras un pacto previo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias”, el Partido Popular y el Partido Socialista.

En el balance de su primer año de gestión, JpD asegura que el funcionamiento del CGPJ “se ha ajustado al guión que era previsible”. Insiste en que se ha producido una enorme diferenciación entre los vocales que pueden ejercer sus funciones a tiempo completo y aquellos otros que compatibilizan su condición de vocales con su actividad profesional, que ven “muy limitadas” sus posibilidades de información y su capacidad para poder participar en las decisiones del organismo.

Esta división entre “vocales de primera y de segunda” ha contribuido a “erosionar” el carácter colegiado que debe tener la institución y ha favorecido el creciente “presidencialismo” de Carlos Lesmes, “en detrimento de la democracia interna del CGPJ”.

JpD denuncia la “notoria proximidad del presidente del CGPJ al poder político” y estima que ha sido “un factor clave para entender la incapacidad de la institución para reclamar al poder ejecutivo medios suficientes” para los juzgados y tribunales, ante una situación alarmante en la que cerca de la mitad se encuentran saturados y trabajando a más del 150% de las previsiones oficiales.

Según JpD, esta pasividad resulta “especialmente grave” ante la situación de expectativa de destino de las dos últimas promociones incorporadas a la carrera, que se encuentran en una “interinidad impropia de quienes ejercen funciones de un poder del Estado”. Del mismo modo, esa “indisimulada cercanía política” explica “silencios clamorosos” del CGPJ en momentos en los que los integrantes del poder judicial han sido atacados en su independencia.

También explica “actuaciones poco comprensibles”, como la decisión de no reforzar la estabilidad del magistrado Pablo Ruz cuando ha sido cuestionado desde el poder político y se ha optado por precarizar al máximo su situación.

Además, agrega, esta estrategia del palo y la zanahoria, en desafortunadas pero clarificadoras palabras del presidente del CGPJ, se ha visto acompañada con la creación de un nuevo órgano, el del Promotor de la Acción Disciplinaria, que se ha mostrado “muy activo en el control ideológico de la judicatura”, en especial cuando ha actuado sin fundamento contra la libertad de expresión de integrantes del poder judicial. En el caso, por ejemplo, del magistrado catalán que contribuyó a la elaboración de una constitución para una eventual independencia, que fue expedientado.

SIN MÉRITOS

Los premios correlativos a ciertas actuaciones favorables al poder político, dice JpD, han consistido en “determinados nombramientos, sin una motivación adecuada del mérito y la capacidad”, que han tenido su origen en las dinámicas internas del actual CGPJ y en la voluntad casi absoluta de su presidente.

Ese progresivo “presidencialismo” del CGPJ resulta contrario al carácter democrático, plural y colegiado que establece el texto constitucional, indica la asociación, y se va a agravar ante los incumplimientos de la propia ley vigente, pues ya se ha vulnerado el mandato legal de renovar la Comisión Permanente de forma anual y de procurar la rotación de sus miembros.

La intención de Carlos Lesmes de no modificar la comisión del CGPJ en la que ha podido “concentrar todo su poder” es para JpD otro “signo preocupante de la deriva de la institución, que se ha convertido en un mero instrumento al servicio del poder político”.

Tras este “negativo balance” de su primer año de gestión, la asociación de jueces progresistas reclama un CGPJ que ejerza de verdad sus funciones constitucionales en defensa de la división de poderes y de la independencia judicial.

Pide, además, que sea capaz de actuar para exigir los recursos que necesitan los órganos judiciales para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía y para prestar un adecuado servicio público.