Las ONG denuncian que "muchas comunidades autónomas" acumulan de dos a cuatro años de retraso en la aprobación de planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, esto es, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad que consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), establecidas de acuerdo con la Directiva de Hábitats, y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en virtud de la Directiva de Aves.

Por ello, subrayan que los gobiernos autonómicos “reaccionan ahora tarde y mal ante el inminente riesgo de sanción” por parte de la Comisión Europea por incumplimiento de ambas directivas, según informó WWF.

Las organizaciones firmantes denuncian que el esfuerzo de las administraciones autonómicas para la elaboración de los planes de gestión pendientes se ha hecho “únicamente para cumplir el expediente” y en la mayoría de los casos cuentan con “un contenido bastante deficiente y sin contar con la necesaria participación ciudadana”.

Por ello, 15 organizaciones ambientales de los ámbitos científico y de la conservación enviaron hoy una carta a la Comisión Europea para alertar sobre la falta de participación y las “graves deficiencias” encontradas en la “avalancha” de planes de gestión que están siendo aprobados por comunidades como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, con el fin de designar las correspondientes ZEC.

Sobre el contenido de los planes, la carta denuncia ante la Comisión Europea que los planes autonómicos de gestión de Red Natura 2000 realizan “una injustificada simplificación de prioridades de conservación”, no fijan objetivos de conservación para todas las especies y hábitats de interés comunitario con presencia significativa en el espacio y en los casos en los que se incluyen estas metas se hace de forma poco concreta, genérica y no medible.

MEDIDAS AMBIGUAS PARA LOS AGRICULTORES

Respecto a las medidas de conservación, las ONG afirman que no se definen para todas las especies y hábitat de interés comunitario y las que se incluyen son en su mayoría “declaraciones de buenas intenciones genéricas, sin concreción, presupuesto, programación o asignación de responsables”.

Las organizaciones firmantes también han denunciado ante la Comisión Europea que en la mayoría de las comunidades autónomas no se han celebrado talleres ni reuniones participativas con los agentes locales interesados para la elaboración de los planes.

Además, los plazos dados para los procesos de información pública de los planes han sido en ocasiones “irrisorios”. Por ejemplo, Castilla y León ha sacado recientemente a información pública 436 instrumentos de gestión con un mes de participación pública para hacer comentarios y alegaciones (después ampliado a 15 días más). Y Extremadura ha puesto cerca de 100 planes a información pública únicamente durante un mes.

Por último, las ONG indican que “la mala calidad” de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 que algunas comunidades autónomas están aprobando no sólo no permitirá a España avanzar en sus objetivos de conservación de la biodiversidad, sino que perjudica al desarrollo rural porque la ambigüedad de algunas medidas de gestión encierran una alta inseguridad para los agricultores, ganaderos y silvicultores, que no saben qué prácticas agrarias tendrán que adaptar, modificar o limitar para cumplir con los objetivos de conservación.