UPyD demandó a los dos dirigentes en septiembre del año pasado al considerar que las acusaciones que hicieron contra UPyD eran una manipulación "absolutamente torticera" de un informe del Tribunal de Cuentas de 2008 sobre la contabilidad del partido.

Los hechos se produjeron con motivo de una entrevista realizada en Radio Nacional de España el 16 de julio de 2013, en la que Hernando afirmó, basándose en el citado informe, que UPyD se había financiado ilegalmente. Merino remachó esta afirmación días después en otra entrevista en la que aseguró que UPyD había recibido 28.000 euros de manera ilegal.

Además del pago solidario de 20.000 euros, el fallo judicial les obliga a publicar en dos periódicos de tirada nacional el encabezamiento y fallo de la sentencia y a correr con las gastos de las costas del procedimiento.

UPyD argumentó ante el juez que esa cantidad correspondía a donaciones no identificadas porque la entidad en la que se ingresaron, el BBVA, no aclaró con precisión la identidad de quien lo entregó y que, por tanto, se trata de “un error formal”.