En concreto, el PP deberá compartir abogado con la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), también personada en la causa, si quiere ejercer la acusación popular en la causa abierta en el juzgado de Garzón para investigar el supuesto “chivatazo” a ETA.

Los magistrados de la Sección Segunda tomaron esta decisión después de desestimar el recurso interpuesto por el PP contra la decisión de Garzón, quien, en un primer momento, rechazó la personación de los populares en la causa debido a un error en el poder notarial del abogado del partido.

Finalmente, el pasado 24 de noviembre el magistrado aceptó la personación del PP en la causa, pero le impidió actuar de forma independiente. Garzón impuso al partido la obligación de utilizar la misma representación letrada que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también personada en la causa.

Los magistrados de la Sección Segunda, presididos por el juez Ángel Hurtado, destacan en el auto hecho público hoy que de las querellas interpuestas se desprende la “evidente convergencia de intereses y fines” entre el PP y la UO, una similitud que hace necesaria su personación bajo un mismo abogado.

“Existe en este caso una coincidencia de hechos y de su presunto autor o autores, aducidos por ambas acusaciones populares, que haría reiterativa e innecesaria la defensa y representación singulares de cada una de ellas”, señalan los magistrados, quienes dejan claro en el auto que no se trata de una decisión basada en la supuesta coincidencia de “pareceres, opiniones o ideologías” de los dos querellante.

La personación bajo una única dirección letrada conlleva la necesaria coordinación de los servicios jurídicos del PP y de la UO para ejercer la acusación en la causa y poder solicitar diligencias de investigación.

El PP y la Unión de Oficiales han iniciado ya los contactos pertinentes para materializar la personación, según informó la asociación en un comunicado. Esta coordinación no impedirá que cada una de las partes “puedan efectuar las proposiciones y peticiones que estimen convenientes, aunque, eso sí, deberán ir firmadas por el mismo abogado”, señala el escrito de la UO.

PUNTO MUERTO

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Garzón el archivo de la investigación al entender que en tres años de instrucción no se ha podido demostrar quiénes fueron los autores del presunto chivatazo.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza sostiene que tampoco se ha podido demostrar la tesis que asegura que fue un inspector de la Brigada de Información la persona que entregó un teléfono móvil al dueño del bar "Faisán", Joseba Elosua.

Esta hipótesis afirma que a través de este teléfono móvil, el propio jefe superior de Policía del País Vasco, actuando por orden del que fuera director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo, alertó a Elosua de la operación policial contra la red de extorsión de ETA.

El magistrado todavía no ha tomado una decisión sobre la petición de la Fiscalía. En la causa ya están personados como acusaciones populares Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Estas dos asociaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal la decisión de Garzón de inadmitir varias de las nuevas investigaciones solicitadas.