Catalá se refirió a esta cuestión en el pleno de la Cámara Baja, donde la diputada del PSOE Sofía Hernanz le preguntó sobre si consideraba que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) presentado por el Gobierno “respeta las garantías constitucionales” en materia de intervención de comunicaciones.

A este respecto, Hernanz sostuvo que, con el anteproyecto de Lecrim presentado por el Ejecutivo, se da una “auténtica carta blanca” a Interior “para que escuche y lea las conversaciones de los ciudadanos de forma indiscriminada”.

El ministro negó el planteamiento de esta diputada socialista y dijo que “solamente en casos de extraordinaria necesidad y urgencia, para delitos gravísimos, como es el caso del terrorismo o de las redes organizadas, se permitirá que el ministro del Interior pueda autorizar una escucha durante veinticuatro horas antes de ponerlo en conocimiento del juez competente”.

“ESTÉ MUY TRANQUILA”

Según Catalá, se trata de casos “extraordinarios” y pidió a la diputada del PSOE que “esté muy tranquila, que nadie va a escuchar su teléfono ni va a ver sus mensajes”, ya que está seguro de que esta integrante del principal partido de la oposición “no forma parte de una red organizada de delito, ni comete delitos terroristas”.

Por su parte, Hernanz afirmó que, con el planteamiento que hace Justicia en su propuesta legislativa, “la excepción se convierte en la norma” en materia de interceptación de llamadas o mensajes. A su entender, de aprobarse la ley en estos términos, “en la práctica” el ministro va a poder decidir interceptar comunicación es cuando lo considere “oportuno”.

Asimismo, esta parlamentaria concluyó que el Gobierno y el PP han cogido “tanto impulso en la vulneración de los derechos y libertades que ya no son capaces de parar”.