El pasado 3 de diciembre, el presidente del Gobierno, respondiendo a la demanda del sector de la discapacidad, se comprometió en un encuentro con el Cermi a preparar en seis meses una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que permitiera que las comunidades de propietarios asuman en su integridad los gastos que supongan las obras y actuaciones de accesibilidad a solicitud de vecinos con discapacidad y mayores.

Dado que se trata de un plazo breve, y que ha pasado más de un mes desde que se hizo este anuncio, el Cermi asegura que "es el momento de trabajar conjuntamente con la Administración del Estado, bajo el impulso del Ministerio de Sanidad y Política Social".

Por este motivo, expresó su completa disposición a comenzar cuanto antes esos trabajos, para instrumentar y articular una propuesta de solución legal consensuada que dé respuesta a ese mandato del presidente del Gobierno.

En este sentido, el Comité de la discapacidad considera que "debe ser el Ministerio de Sanidad y Política Social el que encabece este proceso, coordinando a todos los departamentos ministeriales con competencias en la materia y siendo proactivo en la búsqueda de soluciones satisfactorias".